La fracción de Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para abrogar la Ley sobre Delitos de Imprenta, vigente desde 1917, por considerarla inoperante y anacrónica, además de advertir que el ordenamiento puede ser utilizado para restringir el ejercicio de la libertad de expresión.
El ordenamiento expedido por Venustiano Carranza tipifica los ataques a la moral y los ataques al orden y a la paz pública entre los principales delitos de imprenta.
Por ello, en su exposición de motivos, la iniciativa suscrita por los legisladores morenistas Rocío Barrera y Jaime Pérez subraya la necesidad de proteger y garantizar el derecho de la libertad de expresión para fortalecer el Estado democrático.
"Aquellas legislaciones que limiten y menoscaben este derecho deben ser excluidas del ordenamiento jurídico; ejemplo de lo anterior son los llamados delitos contra el honor, como calumnias, difamaciones e injurias", puntualiza el documento.
Los diputados proponentes señalaron que, si bien, las entidades federativas han ido eliminando ese tipo de delitos, también lo es que la Ley sobre Delitos de Imprenta constituye, del mismo modo, un instrumento jurídico que puede ser utilizado para restringir el ejercicio de la libertad de expresión.
"La Ley sobre Delitos de Imprenta es una disposición inoperante y anacrónica, no sólo por lo añejo de su promulgación, sino por su falta de aplicación y consecuencia con la realidad actual; lo anterior nos lleva a considerar imperioso abrogar esta ley, que es obsoleta y ha caído en desuso", remarcaron.
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El ordenamiento tipifica como "ataque a la moral" toda manifestación de palabra, por escrito o por cualquier otro medio, con la que se defiendan o disculpen, aconsejen o propaguen los vicios, faltas o delitos, o se haga la apología de ellos.
De igual forma, "toda manifestación verificada con discursos, gritos, cantos, exhibiciones o representaciones o por cualquier otro medio, con la cual se ultraje u ofenda públicamente al pudor, a la decencia, o a las buenas costumbres o se excite a la prostitución o a la práctica de actos licenciosos o impúdicos, teniéndose como tales todos aquéllos que, en el concepto público, estén calificados de contrarios al pudor".
Como “ataque al orden y a la paz pública” considera asimismo toda manifestación o exposición maliciosa hecha públicamente por medio de discursos, gritos, cantos, amenazas, manuscritos o de la imprenta, dibujo, litografía, fotografía, cinematógrafo, grabado o de cualquier otra manera que tenga por objeto desprestigiar, ridiculizar o destruir las instituciones fundamentales del país, o con los que se injuria a la nación mexicana o a las entidades políticas que la forman.
Con información de Elia Castillo.
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