La bancada parlamentaria de Movimiento Ciudadano presentó al pleno legislativo una iniciativa de ley para reformar el Código Penal del Estado de México para incluir las figuras de aborto voluntario y aborto forzado, con el fin de permitir a las mujeres interrumpir su embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación, sin sanción alguna.
La iniciativa fue presentada por el diputado Martín Zepeda, quien consideró necesario incluir en la actual legislación los términos aborto voluntario y aborto forzado, con el fin de dar claridad a esta conducta y dejar en libertad a las mujeres de decidir sobre su cuerpo, tal como lo señaló la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El planteamiento
La propuesta del partido naranja fue remitida a estudio a las comisiones de Procuración y Administración de Justicia, así como a la de Salud para que se estudie junto con la presentada por el PRD y la de Morena, con el fin de actualizar los artículos 248, 249 y 2590 del Código Penal vigente en la entidad.
Durante su participación en el Pleno, el legislador de la bancada naranja planteó la necesidad de entender como aborto voluntario la interrupción del embarazo posterior a la décima segunda semana de gestación. Fuera de este plazo la sanción que se impondría a la mujer que aborte sería de seis meses a dos años de prisión o de 300 a 500 días de trabajo a favor de la comunidad.
A quien ordene el aborto sería castigado con una pena de uno a tres años de prisión.
Por el aborto forzado se impondrían de tres a ocho años de cárcel y de 50 a 400 días de multa; de cinco a 10 años y de 50 a 300 días de multa si se emplea violencia física o moral; y al médico o partera, además de lo antes señalado se le suspenderá en el ejercicio de su profesión u oficio por un tiempo igual de la pena impuesta de prisión.
La ley nos dice...
En la actualidad la ley establece que quien dé muerte al producto de la concepción en cualquier momento será castigado con penas que van de tres a ocho años de prisión y de 50 a 400 días de multa si obra sin consentimiento de la mujer embarazada; de uno a cinco años y de 30 a 200 días de multa si tiene su consentimiento; de tres a ocho años de cárcel y de 50 a 300 días de multa si hay violencia física o moral.
Argumentos
El plazo de 12 semanas, abundó, no es una medida de tiempo elegida al azar. Los estudios neurobiológicos del desarrollo intrauterino del embrión humano han determinado que el feto no siente dolor antes de la semana 20 de gestación.
“Quizás pueda comenzar a sentir dolor entre las semanas 22 y 26 por lo que se entiende que un embrión no tiene la capacidad de experimentar sensaciones, pues estas funciones son propias de la corteza cerebral, la cual se forma después de la doceava semana de gestación”, expuso el legislador.
En lo que respecta al aborto forzado, agregó, se reconfigura prácticamente el delito, pero se sigue buscando proteger y salvaguardar la vida y la salud de las personas. “En esta restructuración jurídica, el producto sería el sujeto pasivo y quien induzca un aborto sin el consentimiento de la embarazada, será el sujeto activo, sin importar en periodo de gestación en que se encuentra la mujer”.
Subrayó que el objetivo no es despenalizar el aborto por completo, pero sí reconocer el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, que no se les discrimine con una persecución mal planteada basada en prácticas patriarcales arcaicas, además de sancionar aquellas personas que actúen en contra de la voluntad de una mujer y permite a los profesionales y asistentes de la salud a intervenir con el consentimiento de las personas embarazadas para interrumpir dicho proceso.
KVS