En resguardo domiciliario por la pandemia, aunque también por el miedo de volver a ser detenida y vivir nuevamente el “infierno” de la cárcel, Natalia espera que en su caso la justicia igualitaria y equitativa sea más que un discurso político.
Sus manos las frota una y otra vez como signo del trastorno de ansiedad que padece actualmente y como síntoma de las secuelas del estrés postraumático que le causó la detención y “encarcelamiento injusto” por orden de una jueza.
Natalia Loeza es una mujer de 56 años, jefa de familia, tiene dos hijos y es defensora de los grupos prioritarios del municipio maya de Calkiní; trabajaba en el área administrativa de una escuela de la que fue despedida de manera injustificada, lo que la llevó a iniciar un proceso legal que ganó, sin embargo, aún no le pagan la indemnización ni hace efectiva su reinstalación.
Hace seis años fue candidata externa del PRD a diputada local por XVII Distrito y en pasado proceso también participó en la contienda electoral representando a la Coalición Va por Campeche integrada por el PRI, PAN y PRD.
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A consecuencia de la difícil situación financiera por el problema laboral y los efectos de la pandemia, las adversidades le llegaron en cascada, pues el Fovissste le exige el pago de su vivienda y enfrenta una orden de embargo.
La historia más reciente que ha tenido que vivir Natalia Loeza es una muestra de lo que muchas mujeres tienen que padecer, víctimas de violencias múltiples.
En su caso dice, vive violencia institucional, violencia política en razón de género, violencia psicológica, que le ha dejado secuelas y, ahora se suman los daños ocasionados por los excesos en la procuración de justicia que atribuye a situaciones políticas, porque los últimos dos ex secretarios de Educación Pública han sido ex dirigentes del PRI y les ha incomodado las fuertes críticas que ella ha hecho por la falta de cumplimiento al laudo que ganó por su despido injustificado y a su actuar en la política.
El día que fue detenida, Natalia y su hijo salieron de su casa para realizar unas compras. En el trayecto fue interceptada por la policía ministerial sin recibir más que un documento que no le dio tiempo de leer y que, posteriormente, le fue arrebatado. Al ver que se la llevaban, su hijo Luis corrió en busca de ayuda porque no le dieron ninguna información ni explicación.
Luis cuenta la incertidumbre y la angustia de lo que se convirtió en uno de los peores días para su mamá y para toda la familia
“No entendía lo que sucedía, le llamé a mi madrina Sonia Cuevas y nos fuimos a Campeche para indagar el paradero de mi mamá. Vivimos horas de angustia al no saber dónde estaba y por qué se la llevaron, cuando llegamos a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Campeche, vimos que la sacaron en un auto y no nos dijeron hacia dónde se la llevaban. Fue un calvario y somos testimonio del trato injusto y de los excesos en la procuración de justicia” revela.
Natalia narra que hace más de seis años forjó una amistad con Ángel “N”, conocido como Piló, así como con su familia, incluso una de las hijas de éste recibió su apoyo para que pudiera estudiar en Calkiní, así que vivió en su casa.
Por su amistad, hace cuatro años acordaron adquirir dos vehículos, uno para cada uno, ella le dio 200 mil pesos que dieron como enganche y él pagaría las mensualidades. No hubo ningún documento de por medio, sin embargo, posteriormente, tuvieron conflictos y su “amigo” la denunció por abuso de confianza y le exigió el pago de 400 mil pesos, costo de una de las camionetas que compraron.
Al mismo tiempo, ella ya había entablado el proceso legal por el despido injustificado en su centro de trabajo. El secretario de Educación en la entidad era Ricardo Medina, actualmente dirigente del PRI en el estado y la jurídico Zazil Sonda, a quien considera una “protegida del sistema”. Las fuertes críticas contra el líder priísta ocasionaron que no se cumpliera con el pago que fue ordenado luego de que el laudo salió a su favor.
El caso laboral se complicó aún más al llegar a la secretaría el ex priísta Raúl Pozos, ex senador que renunció al PRI para unirse a las filas de Morena, a quien también ha criticado fuertemente por su desempeño político y quien, dice, también “protege” a la jurídico.
Además, reconoce que como defensora de los derechos de grupos en condiciones de vulnerabilidad también le han generado animadversión de algunos políticos.
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Aunque son dos asuntos diferentes, justo antes de la reunión que tendría el 5 de enero en la Secretaría de Educación, fue aprehendida y privada de su libertad de manera injusta.
Con motivo de la denuncia de abuso de confianza, acudió a dos audiencias, pero la otra parte no asistió. Cuando fue detenida obtuvo la copia de la orden de aprehensión con fecha 15 de junio de 2020 firmada por la juez segundo interina del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Fabiola Fernández, ejercida días antes de la audiencia en la Secretaría de Educación.
“Hay muchas suspicacias en el caso, porque hay vínculos políticos entre quien en su momento consideré mi amigo (Ángel N) y los actores políticos involucrados en la resolución del proceso laboral”, declara.
El día de la detención, dice, fue trasladada de Calkiní a Campeche a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia y de ahí directamente al Cereso de San Francisco Kobén.
“Salí de mi casa en short y playera, cuando llegué al penal me tuve que quitar la ropa y me sometieron a revisiones por demás indignas, me esposaron y me metieron a una celda que hedía”.
Como consecuencia de las experiencias vividas, Natalia fue diagnosticada tiempo atrás con un trastorno por lo que tiene un tratamiento médico psiquiátrico. El día que fue “injustamente encarcelada” sufrió una crisis de ansiedad, pidió que le permitieran hablar con un familiar y pedir su medicamento pero la respuesta fue un rotundo no.
Además, la custodio la amenazó diciéndole que si no se tranquilizaba la iba a pasar muy mal.
“Entre el encierro que me ocasionó malestares, un dolor de cabeza intenso, una celda sin nada, sucia y pestilente, y sin saber que pasaría, entré en crisis, cómo podía tranquilizarme. Tenía un frío tan intenso como el miedo por lo que estaba viviendo”.
Con base en el CIE 10 (Clasificación Internacional de Enfermedades) que tiene vigencia en México, la violencia afecta la salud y el bienestar de las mujeres durante mucho tiempo después de ocurrida, a veces de por vida.
Los daños incluyen lesiones físicas, depresión, ansiedad, entre otros. El efecto pernicioso se extiende más allá de las víctimas y afecta a la familia o a las personas más cercanas.
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En la cárcel, las horas fueron eternas para Natalia, se cuestionó por qué el trato tan indigno, si hasta ahora había cumplido y, aunque sabía que la traición del amigo y el exceso de confianza fueron su peor error. “Estoy de acuerdo que se haga cumplir la ley, lo que no acepto ni aceptaré nunca es la justicia desigual, mucho menos el trato por parte de las autoridades.
“Mi hermana, mi hijo y mi comadre, una gran luchadora social, estuvieron toda la noche a las afueras de la Fiscalía porque no les proporcionaban información. Se lavaron las manos, dijeron que era orden de la juez, pero a mí me detuvo la policía ministerial y lo mínimo es que se informara a mi familia, no se respetaron mis derechos”.
Al día siguiente continuó el calvario para la familia de Natalia porque les mandaban de oficina en oficina, estuvieron a fuera de los juzgados por horas hasta que finalmente se supo que estaba recluida en el penal.
Se le informó a su familia que sería trasladada para una audiencia en la Sala de Juicios Orales. Para que se presentara ante la juez le prestaron un pantalón y una playera, prendas de vestir que entregó antes de salir. Los familiares permanecieron afuera de las instalaciones pues no se les permitió el acceso con el argumento de que eran medidas por la pandemia, aun cuando otras personas sí pudieron hacerlo.
Fueron también horas de angustia hasta que finalmente salió.
“Me acorralaron, incluso la defensora de oficio dijo que firmara un acuerdo que me obliga a pagar cien mil pesos mensuales, a pesar de que hay las pruebas de que la camioneta era de mi propiedad".
“Al salir abracé a mi hijo, eso me reconfortó. Han pasado los días y el problema de la ansiedad se ha agravado, incluso tuve que recibir atención de urgencias médicas psiquiátricas. No puedo dormir”.
Natalia afirma que tiene sentimientos de culpa, aunque sabe que es víctima de los excesos de la procuración de justicia, porque paradójicamente a ella no se le ha hecho justicia desde hace 10 años por el despido injustificado.
Una de sus grandes aliadas es su amiga y comadre Sonia Cuevas, ex diputada y ex alcaldesa de origen indígena, que también conoce y ha sufrido de violencia en varias de sus formas y que se ha enfrentado también a un sistema en el que la desigualdad aún prevalece.
A pesar de su condición por el trastorno de la ansiedad, su difícil situación financiera, y un sistema de justicia discriminatorio y desigual, Natalia dice que confía en poder encontrar solución y si no, hará un esfuerzo para poder llevar su caso a la Presidencia de la República.
Para evitar la violencia de género, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y ONU Mujeres consideran urgente combatir las desigualdades económicas y sociales sistémicas, ampliar el acceso a la educación e impulsar la creación de empleos seguros y decentes.
Asimismo, se requiere cambiar las normativas e instituciones que discriminan por motivos de género y garantizar los servicios para las víctimas de violencia.
La OMS también pide poner fin a las normas sociales que perpetúan las desigualdades, reformar las leyes discriminatorias y potenciar los mecanismos jurídicos pertinentes.
EHR