De aprobarse la propuesta del Ejecutivo estatal, los prestadores de transporte privado por aplicación que operan en la entidad deberán pagar 1.5 por ciento por cada viaje realizado para la prestación del servicio y contar con una licencia para poder operar en el territorio mexiquense.
Esto está dirigido a las tres empresas internacionales que operan en la entidad y que cotizan en la bolsa de Estados Unidos y Hong Kong, sin retribuir nada al Estado de México y sin reconocer como empleados directos a entre 50 mil y 80 mil repartidores que tienen en el país bajo su servicio de manera directa.
Luego de señalar lo anterior, el subsecretario de Ingresos, Jaime Valadez Aldana, puntualizó que no se trata de un impuesto y la tasa de cobro no se aplica sobre el valor del bien transportado, la propina, sino sobre el costo del servicio de transporte, por lo cual no se puede cargar al usuario. Eso incluye que cuando no se cobre por la entrega no se contabiliza el pago.
En la propuesta se señala la necesidad de fijar un plazo de 15 días para solicitar la licencia de operación estatal para ser prestador de servicios electrónicos en la entidad, así como una sanción de 30 a 60 Unidades de Medida de Actualización y la posible cancelación de la licencia para operar a nivel estatal.
Las prestadoras de servicio, por sí mismas o por medio de cualquiera de sus filiales o subsidiarias como intermediarias, que ofrecen el servicio deberán pagar mensualmente una aportación de 1.5 por ciento del cobro por cada viaje realizado y enterarlo dentro de los primeros 10 días del mes siguiente. La medida también se aplica para el caso del transporte privado de bienes de consumo y en general cualquier tipo de bienes muebles.
Señaló que esto aplica en concreto a tres empresas conocidas en México encargadas de prestar servicios de transporte privado de servicios que no reconocen a la gente a la cual le entregan datos personales de sus clientes, desde el teléfono, hasta su nombre y dirección; pero al no reconocerlos como empleados no sólo no les proporcionan seguro, sino que no pagan a la entidad el impuesto sobre nómina.
Tampoco registran vehículos ante el Estado de México y por ello no pagan tenencia, a veces no tienen placas, no hay control de esa movilidad, por lo cual deben hacer alguna aportación, un ingreso etiquetado para atender diversos programas.
En todos los casos, acotó, se trata de empresas muy grandes, con altos ingresos que les permiten cotizar en la bolsa y al Estado no le retribuyen ni un peso, por lo cual plantean que a partir del 2023 se les cobre una tasa de 1.5 por ciento por cada viaje que cobren.
La propuesta será analizada en las comisiones legislativas, donde de entrada vieron bien que se amplíe la base de contribuyentes y todos los que reciban algún servicio paguen como el resto de empresas y contribuyentes, sobre todo cuando se trata de grandes consorcios que sólo ganan y no aportan nada.