Por tercera ocasión, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa del Estado de Nuevo León negó una demanda de amparo al secretario general de Gobierno, Manuel González, en busca de evitar ser sancionado por el Congreso local.
En el portal del Consejo de la Judicatura se publicó el expediente 1215/2019, en el cual el funcionario estatal reclamó que se omitió precisar que existe una imposibilidad jurídica en castigar cualquier procedimiento en su contra, de acuerdo con la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado.
“La omisión en precisar que existe una imposibilidad jurídica en castigar y/o substanciar cualquier procedimiento en contra del quejoso en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado”, se lee.
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Cabe recordar que Manuel González ha tramitado previamente dos amparos contra este mismo fin.
El primero de ellos fue para evitar que el Congreso le realizara un juicio político. El segundo, fue con la finalidad de evitar la sanción propiamente del Legislativo.
Todas estas estrategias legales son derivadas de las anomalías que la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó al ser acusados de desvío de recursos públicos, al utilizar funcionarios del Estado para recolectar firmas en apoyo a la entonces campaña presidencial de Jaime Rodríguez, en días y horas laborales.
Mientras tanto, el gobernador recurrió a la Sala Superior del TEPJF a interponer una queja en contra de los magistrados de la Sala Especializada, que ordenaron al Congreso local sancionarlo por las irregularidades antes mencionadas.
Al respecto, Rodríguez Calderón consideró que los magistrados violaron su derecho de audiencia y la queja ahorita se encuentra siendo analizada por la magistrada Janine Otálora para emitir una resolución.
De igual forma, será este miércoles a las 16:30 horas cuando la Comisión Anticorrupción del Congreso local esté sesionando para ver la ruta jurídica que emprenderán en la sanción de ambos.