El 28 de marzo vence el plazo para que el gobierno del Estado de México informe si pudo atender las recomendaciones que le hizo la Conavim para determinar si procede una segunda alerta, pero ahora por desapariciones en los municipios de Toluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Cuautitlán Izcalli, Chimalhuacán, Ixtapaluca y Valle de Chalco.
Ximena Ugarte Trangay, abogada del Instituto Mexicano de Derechos Humanos, consideró que es claro que la alerta debe ser decretada porque la entidad tiene un problema doble de violencia, donde se tienen todos los instrumentos legales y programas, pero la realidad no cambia.
“Se tienen que dilucidar los patrones por estructuras criminales y de gobierno que no responden” porque los casos de violencia, feminicidios y desapariciones siguen presentes en el territorio mexiquense, donde 28 por ciento de las desapariciones son de niñas, situación que no ocurre en otra parte del país.
En octubre pasado, a partir de un informe de Idheas, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia dio seis meses al gobierno estatal para que “corrija las fallas y deficiencias” y se pueda definir si sigue siendo necesario decretar esta segunda alerta por el número de desaparecidas.
En el Estado de México es un tema fundamental que se tiene que visibilizar, que el feminicidio no está desvinculado de la desaparición, de la trata, incluso del robo de infantes, que son patrones de criminalidad.
Las cifras, denunció, son un problema, no existen registros claros ni tampoco se vincula la cifra con las denuncias de violencia, aunado a que es necesario tener una ley local en materia de desaparición.
Durante un Conversatorio que se organizó en el Congreso local, la organización Idheas resaltó que es un riesgo vivir en el Estado de México, donde ya se tienen suficientes diagnósticos que reflejan resultados alarmantes y se ubican por encima de la media nacional donde 2.5 de cada 10 desaparecidos son mujeres y en la entidad la cifra es cinco de cada 10.
LC