El haber tomado la decisión de cancelar la adquisición del Dron de seguridad es para ya no causar más polémica, admitió el gobernador Jaime Rodríguez Calderón.
El mandatario estatal reconoció que se ha causado polémica de más con el tema del proceso de la adquisición y el costo de la aeronave no tripulada, por lo que consideró que deben rectificar en ello.
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En este sentido, adelantó que no habrá daño al patrimonio de Nuevo León con la inversión que se haya realizado.
"(Cancelar el Dron fue) porque la decisión que tomamos es para ya no causar polémica, creo que es importante que reconozcamos que ha causado polémica y listo, vamos a rectificar en ese sentido y que ya sea un tema pasado.
"No habrá daño patrimonial, vamos a buscar que no se dé nada de ese tipo, estamos ahorita viendo las reglas de cómo hacerlo, yo di instrucciones a Aldo (Fasci, secretario de Seguridad) y al secretario de Administración para que vean eso", dijo.
De igual forma, resaltó que los pocos recursos que se hayan destinado para ese fin serán redirigidos para la adquisición de más tecnología, pero no dio especificaciones ni detalles.
"No fue un error (la adquisición), simplemente no quiero causar polémica en eso, entonces di la instrucción para que también con esos recursos hagamos tecnología, a ver si les cae bien, es lo que vamos a hacer", refirió.
Luego de denuncias penales, la polémica por la opacidad con la que se manejó y una investigación en la Fiscalía Anticorrupción, el gobierno de Nuevo León se vio obligado a “cortar” el vuelo del millonario dron, cuya compra será cancelada bajo el argumento de que “nació con mala estrella”.
Ante la tribuna del Congreso local en la Glosa del Informe de Gobierno y posteriormente en entrevista, Manuel González y Aldo Fasci, secretario general de gobierno y el de Seguridad Pública, respectivamente, rechazaron que tras la adquisición por casi 30 millones de pesos de la aeronave se haya consumado algún acto de corrupción.
Pese a que el estado siempre defendió la compra del dron, ambos funcionarios dieron una versión distinta: González afirmó que dan marcha atrás a la adquisición porque las condiciones no se dieron para ponerlo en operación, mientras que Fasci indicó que se debió a que los 5 millones de habitantes de Nuevo León no lo querían.
Señalaron que tratarán de evitar un daño patrimonial y jurídico al estado.