La secretaria Anticorrupción y de Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, aseguró que no existen pruebas documentales que vinculen al exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con el desvío de 65 millones de dólares de recursos públicos por la contratación de un sistema de inteligencia para la Policía Federal en 2015, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
En La Mañanera del Pueblo desde Palacio Nacional, la funcionaria expuso como caso emblemático al que la dependencia ha dado seguimiento un desvío de recursos como parte de un contrato fraudulento firmado en 2015 por un monto total de 130 millones de dólares, de los que se pidió un adelanto por 65 millones, los cuales no se usaron para el pago de ese servicio.
Buenrostro expuso que dichas conductas se clasificaron, en la vía administrativa, como abuso de funciones y desvío de recursos públicos, que la Secretaría sancionó con inhabilitaciones de 15 y 20 años al entonces director de Inteligencia, Damián Canales, y a la secretaria general de la entonces Policía Federal, Frida Martínez, además de que se pidió la reparación del daño al erario, por los 65 millones de dólares.
Paralelamente se presentó denuncia penal y actualmente el caso está en la Fiscalía General de la República, en donde el caso sigue abierto.
Respecto de Osorio Chong, que entonces era secretario de Gobernación, dependencia a la que estaba adscrita la Policía Federal, la funcionaria dijo que no existe evidencia documental de que él hubiera estado involucrado en ese desvío.
“Nosotros tenemos que armar las carpetas con pruebas y las pruebas son documentales y normalmente, las pruebas documentales son documentos firmados por alguna autoridad, entonces, cuando hay algún documento firmado por alguna autoridad, pues está involucrado y se puede procesar y vincular a proceso. No tenemos pruebas que involucren al secretario”, explicó Buenrostro.
Detalló que, en el organigrama, debajo de la Secretaría de Gobernación (Segob) se encontraba el órgano desconcentrado de Seguridad Pública, luego la Policía Federal, por lo que había, al menos, tres niveles por encima de los funcionarios sancionados antes de llegar al titular de Segob.
“Y si luego a esos tres niveles, les sumamos otros que era donde estaba la titular y luego el de Inteligencia, que estaba más abajo, son casi como seis o siete niveles abajo del secretario de Estado; entonces, de los documentos y del expediente que nosotros tenemos y que obra a nuestra vista, no existe ningún documento que esté firmado por el secretario, en su momento, Osorio Chong”, afirmó.
La secretaria Anticorrupción añadió que el contrato para desarrollar servicios de inteligencia en la entonces Policía Federal, del que se desviaron esos recursos, se firmó por un total de 130 millones de dólares, del que se gestionó como pago adelantado la mitad, 65 millones de dólares.
“Salen como gastos de seguridad nacional, que supuestamente tendrían que haber ido para este contrato; el dinero sí sale, pero el contrato no se paga”, dijo.
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