Aunque existen investigaciones y procesos administrativos en contra de unidades y concesionarios de transporte público, al momento no existe ninguna sanción que implique revocación o retiro del permiso entregado por el gobierno estatal, reconoció la titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot) de Hidalgo, Lyzbeth Robles Gutiérrez.
La funcionaria estatal informó sobre la existencia de indagatorias y procesos en contra de personas concesionarias; sin embargo, y a diferencia de anteriores gestiones, no pretenden retirar los permisos de manera arbitraria o sólo por un error, sino que deben seguir un proceso similar a un juicio para brindar la oportunidad a los prestadores de este servicio de transporte público de defender sus concesiones.
“No hay retiro o revocación expresa de concesiones, tenemos proyectos de resolución en curso, tenemos que sustanciar todo procedimiento administrativo; antes se hacían revocaciones de plano y se informaba a la persona concesionaria y se revocaba de plano; pero, los tribunales hicieron lo suyo ante diversas impugnaciones en otros momentos y nos toca a nosotros seguir con estos procedimientos con garantías necesarias y salvaguardar el debido proceso. Es como si fuera un juicio administrativo que debemos cumplir con la formalidad para emitir en su momento la resolución y periodo de pruebas, entonces así el concesionario tendrá la oportunidad de acreditar si hay alguna excepción o causa que releve de la responsabilidad; pero, abrimos el procedimiento”, manifestó.
Derivado de diversos accidentes viales que involucran a unidades de transporte público, detalló Robles Gutiérrez, desde el Sistema de Transporte Público Convencional de Hidalgo (STCH) iniciaron procedimientos administrativos, aunque no abundó cuántos o cuáles, debido a la incidencia de conductas fuera de la norma vigente; éstas, apuntó, son independientes a las quejas presentadas por los usuarios inconformes con el servicio o la tarifa.
“Cuando una persona presenta una queja administrativa lleva un procedimiento, abrimos de oficio una investigación y proceso administrativo; cuando hay un siniestro el STCH instruye a sus equipos para que hagan llegar la información de la unidad y se abre la investigación para recabar los elementos necesarios para entregarlos a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEH), la policía municipal o las autoridades encargadas, dependiendo de dónde haya sido el siniestro y quiénes son los primeros respondientes, contamos con un número de procedimientos abiertos al sector del transporte, pero tiene etapas y estamos en integración de muchos de ellos”, refirió.