Por mayoría de votos, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó en segunda vuelta la reforma al artículo 120 de la Carta Magna, para que cuando el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, decida ausentarse del estado por un término mayor de tres días naturales del país, deba pedir permiso a los diputados.
Tras reanudar la comisión, que se mantuvo en permanente, Filiberto Flores, presidente de la misma, solicitó someter a votación la propuesta, misma que fue aprobada el 30 de noviembre pasado y que se avaló para que se analice la segunda vuelta.
La plataforma MILENIO-Multimedios publicó en noviembre pasado que el ejecutivo estatal realizaría una gira de trabajo por Italia en la que reunió con empresarios y con el Papa Francisco para que visite Nuevo León, motivo por el cual PRI y PAN presentaron la iniciativa.
“Para salir de la República por más de tres días naturales, el Gobernador necesita autorización del Congreso del Estado o de la Diputación Permanente".
“Tratándose de viajes oficiales, deberá acompañar a su solicitud la agenda de trabajo, así como presentar a su regreso un informe de los resultados obtenidos en sus gestiones”, se lee en los transitorios de la reforma del PRI y PAN.
Los diputados plantearon reformar el artículo 120 de la Constitución para que el gobernador Samuel García no pueda ausentarse del Estado por más de treinta días naturales sin autorización del Congreso del Estado o, en su caso, de la Diputación Permanente.
La presente iniciativa busca garantizar la gobernabilidad en el Estado, para que toda la población de Nuevo León cuente con instituciones funcionales que estén disponibles para resolver los problemas públicos de la entidad.
La iniciativa fue presentada por Carlos de la Fuente, del PAN y Heriberto Treviño, del PRI, pero requiere un voto más para que se apruebe la reforma constitucional.
Aunque Eduardo Gaona, coordinador de Movimiento Ciudadano, pidió la palabra, éste no logró hablar porque ya estaba en votación el dictamen.
La salida jurídica del gobernador puede ser que publique la reforma en el Periódico Oficial del Estado y promueva una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).