El titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), Diódoro Carrasco Altamirano, aseguró que no es “revanchismo” ni “veto” las observaciones que el Ejecutivo estatal mandó al Congreso de estado sobre la "Ley Bala" y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, sino sólo "observaciones" para que no haya vacíos en las mismas.
Incluso, el funcionario estatal aclaró que la administración de Antonio Gali Fayad, no discute la abrogación de dichas leyes, pues aseguró que se respeta el trabajo hecho por los legisladores locales.
“No se trata de pelear con alguien”, insistió Carrasco Altamirano, quien añadió que el Ejecutivo estatal está en su derecho de hacer las observaciones necesarias para que se detecten dentro de un lapso de 15 días, una vez aprobada las leyes: “Cuidando la institucionalidad de ambos poderes”, dijo.
En entrevista, el funcionario estatal agregó que tiene constante comunicación con los diputados locales, e indicó que estas acciones hacen que “se establezca un diálogo constructivo y responsable” con ellos.
“No quiero juzgar procesos legislativos, yo estoy refiriéndome al fondo del contenido que tiene que ver con el ejercicio de la función pública y el ámbito de las facultades del Ejecutivo, que es lo que tenemos que cuidar, no estamos discutiendo algo”, puntualizó.
En el caso de la Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones Policiacas, el encargado de la gobernabilidad del estado explicó que se pide al Congreso que establezca una figura que sustituya a dicha legislación, para que no haya un vacío legal.
Para la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado (FGE), Carrasco Altamirano afirmó que la labor de la Legislatura anterior fue subsanar la laguna legal en torno al nombramiento del fiscal en casi de ausencia, por lo que ya no se puede aplicar de manera retroactiva.
Cabe destacar que el Congreso del estado promoverá una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por considerar que el gobernador violó la soberanía del Legislativo al vetar la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.
El diputado del Partido del Trabajo y presidente de la Mesa Directiva, José Juan Espinosa Torres, precisó que el Congreso tiene un periodo de 30 días para analizar las observaciones realizadas por el Ejecutivo estatal, así como los cambios al dictamen para remitirlo a la Secretaría General de Gobierno (SGG) para su revisión y publicación en el Periódico Oficial del Estado (POE).