El director general del Infonavit, Octavio Romero, presentó diversos actos de corrupción que se registraron dentro del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en años anteriores.
En La Mañanera del Pueblo de este miércoles en Palacio Nacional, Romero Oropeza detalló que el instituto contrató a la empresa Telra Realty, la cual, se encargaría de diseñar y operar una plataforma para administrar soluciones de vivienda de acreditados que cambian de lugar de residencia.
Explicó que el monto del contrato fue de 100 millones de pesos y la empresa tenía dos años para establecer la plataforma, sin embargo, nunca se entregó el servicio contratado.
“Debió haber sido penalizada en ese momento, porque no cumplió, pero —fíjense bien— contrario a ello, no solo no se le penalizó, sino que el Consejo de Administración autorizó el pago de una indemnización por un monto de 5 mil millones de pesos.
“Me cuesta mucho trabajo entenderlo porque, lo primero que, cuando yo me enteré de esto, ¿cómo a partir de un contrato de 100 millones?, ¿cómo a partir de un incumplimiento que debió haber sido una penalización, en lugar de penalizar pagas, pero pagas 5 mil millones como indemnización?”.
El director del Instituto agregó que la empresa estaba conformada por cinco socios; de ellos, dos devolvieron dos mil millones de pesos al notar la irregularidad, pero el resto de los socios se negó a entregarlos.
Octavio Romero explicó que otro caso de corrupción es el de línea III, el cual se creó con el fin de financiar a constructores de vivienda para derechohabientes. Señaló que se identificaron 22 proyectos autorizados que no han sido concluidos y presentan un adeudo vencido al Infonavit de 575 millones de pesos.
Agregó que adicionalmente existen 18 desarrolladores con adeudos por 768 millones de pesos, como resultado de deficiencias en el seguimiento a pagos y aplicación de penalizaciones.
“Fíjense bien, estos proyectos recibieron recursos para comprar el terreno, para pagar licencias y permisos de construcción, y para hacer infraestructura; o sea, la empresa no tenía ni para el terreno ni para los permisos; el terreno vale un poquito más.
En el resto de los proyectos no se construyó ninguna de las empresas aprobadas.
“Lo relevante en el caso de estas cuatro empresas es que, a pesar de que no hicieron las viviendas, recibieron adicionalmente, en estas cuatro: 45 millones una, 22 otra, 9 millones otra, 5 millones otra, dinero adicional, ya no del Fondo directamente del Infonavit, sino de los créditos de los trabajadores. Es decir, sin haber construido la vivienda, se les empezó… se les otorgó crédito a los trabajadores y se les empezó a descontar de su dinero”.
Romero Oropeza añadió que en el sexenio anterior, el Infonavit informó a la Unidad de Inteligencia Financiera el pago de más de tres mil 600 millones de pesos a cuatro despachos plenamente identificados para recuperar viviendas por la vía judicial, práctica que —precisó— en administración de López Obrador y de Sheinbaum ya no se llevan a cabo.
Detalló que estos despachos en contubernio con diversos funcionarios del Poder Judicial y Notarios de Nayarit, realizaron juicios fraudulentos en contra de 60 mil derechohabientes.
“El Infonavit no recuperó ninguna vivienda y miles, y esto es lo peor, miles de derechohabientes fueron despojados de su vivienda sin un juicio justo, con todas estas irregularidades. Lo anterior, de nueva cuenta, sin que la Comisión de Vigilancia o el Comité de Auditoría tomara acciones en contra de los responsables”, añadió.
En el último caso, Octavio Romero expuso que funcionarios del Infonavit contrataron ilegalmente un seguro de vida colectivo de Mapfre Tepeyac, por 550 millones de pesos para los derechohabientes con crédito, adicional al que el Instituto cubre por ley.
“La cobertura en esa época era contra riesgos de fallecimiento de las personas acreditadas solo en caso de desastre natural y de pandemias —se adelantaron al covid—, lo que hacía que esta póliza fuera incobrable. Es decir, su contratación fue fraudulenta y, ojo, sin el consentimiento de los trabajadores acreditados, y sin necesidad porque ya el Infonavit cubre eso.
“De nueva cuenta, la Comisión de Vigilancia o el Comité de Auditoría no tomaron acciones en contra de los responsables”, alertó.
LG