El Órgano Interno de Control envió un reporte a la Cámara de Diputados en el que confirmó que ya tiene 13 expedientes que involucran a 13 funcionarios y exfuncionarios del INE, ocho personas y 18 empresas por posible corrupción.
Los posibles delitos van desde simulación en contratos e intervención indebida en designaciones, hasta abuso de funciones, desvío de recursos públicos y enriquecimiento ilícito, lo que provocó el inicio de otras 24 investigaciones que podrían resultar en más hallazgos e implicados.
Esta investigación interna que el OIC informó al Poder Legislativo desde hace meses, como confirmó el propio diputado Ricardo Monreal, fue clave en la renuncia de la consejera presidenta Guadalupe Taddei tras revelarse videos que involucran al proveedor Alfredo Hernández Casillas de Corporativo ZEG con la consejera y los suyos. Lanzándole halagos en fiestas, con funcionarios con los que le envía agradecimientos por "el apoyo al proyecto" y hasta con su hijo brindando en París en hospedaje de lujo.
El contralor Víctor Hugo Carvente fue nombrado por el bloque mayoritario de Morena y ocultó esta información que solo notificó a la Cámara de Diputados, en donde este lunes, tras la renuncia de Taddei detalló lo que detectó tras revisar el ejercicio de 2025, es decir, el segundo año completo bajo las órdenes de la sonorense y ya con sus afines colocados en la Junta General Ejecutiva, tras aprobarse el transitorio de la reforma judicial que le permitió concentrar poder, ordenar despidos y hacer nombramientos sin consultar al Consejo General.
“Desde el ejercicio 2025, este Órgano Interno de Control ha iniciado 13 expedientes de investigación correspondientes a los hechos recientes publicados, entre los cuales, nueve son relativos a contrataciones públicas donde se investiga a, por lo menos, 13 personas servidoras y exservidoras públicas, ocho personas físicas y 18 personas morales”.
El informe explica que tras seis ejercicios de auditoría y ocho revisiones de control, determinó el inicio de otras 24 investigaciones adicionales en materia de contrataciones, por lo que podría haber más implicados.
Entre las irregularidades que llegan a delitos de corrupción enlistó:
- Irregularidades en procedimientos de contratación desde posible simulación de cumplimiento de requisitos hasta abuso de funciones.
- Deficiencias en la planeación, administración, supervisión, recepción o pago de bienes y servicios que provoquen un daño patrimonial.
- Posible uso o aplicación irregular de recursos públicos que podrían derivar en posible desviación de recursos públicos.
- Incumplimiento de funciones o deberes de supervisión que podrían causar daños y prejuicios a la hacienda pública.
- Posibles actuaciones bajo conflicto de interés, abuso de funciones o participación indebida en procedimientos de contratación.
- Posibles faltas de particulares vinculados con procedimientos de contratación pública.
- Falta de veracidad en la información declarada que podría llevar a un ocultamiento de conflicto de interés o posible enriquecimiento ilícito.
Explicó que, en tres casos, ya envió calificación sobre ocultamiento de conflictos de interés y uno más sigue en revisión, por la contratación de personal con vínculos con empresas que resultaron beneficiadas.
Concretamente en este caso, destacaría el de Jesús Octavio García González que Taddei nombró encargado de la Dirección Ejecutiva de Administración del INE sin consultar al Consejo General, cuando el funcionario no tenía experiencia dentro del INE y venía de haber sido representante legal de las empresas Corporativo ZEG y Cajas Graf.
Taddei defendió ese nombramiento e incluso, el funcionario se inscribió en la convocatoria para ser consejero electoral pero no pasó la etapa de entrevista. Meses después tuvo que renunciar sin que la consejera presidenta explicara qué había pasado con ese conflicto de interés.
El contralor Víctor Hugo Carvente llamó a la Cámara de Diputados a que se legisle en materia de contratación electoral, pues cada Organismo Público Local Electoral tiene sus propias normas, esto, ante el presunto involucramiento de esta red de empresas favorecidas desde el INE hasta los institutos locales.
“Resulta indispensable impulsar una política nacional de regulación en materia de contratación electoral, que integre un marco normativo común para el INE y los OPLEs con pleno respeto a su autonomía y atribuciones. Esta política deberá sustentarse en especificaciones técnicas homologables, estudios nacionales de mercado, bases de datos históricas, precios de referencia, un catálogo nacional de bienes y mecanismos que permitan identificar y justificar variaciones relevantes.
“Es indispensable que se generen parámetros objetivos que favorezcan una competencia real entre proveedores y aseguren para el Estado las mejores condiciones disponibles de precio, calidad, financiamiento y oportunidad”.
Incluso solicitó que se busque mayor articulación entre la Auditoría Superior de la Federación y los OIC para reforzar las investigaciones.
“De manera paralela y urgente, debe establecerse una estrategia nacional de fiscalización electoral en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización que articule al OIC del INE con los órganos de control de los OPLE, la Auditoría Superior de la Federación y las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia.
“Esta coordinación permitirá identificar coincidencias en los Programas Anuales de Fiscalización, unificar metodologías y criterios de auditoría, realizar revisiones coordinadas, comparativas e identificar problemáticas de alcance nacional, fortaleciendo la vigilancia, transparencia y la rendición de cuentas sobre qué se compra, en qué condiciones y cómo se fiscaliza”.
LG