Organizaciones de la sociedad civil en México denunciaron ante el representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, Eamon Gilmore, “la grave crisis de derechos humanos en México” agravada por la pandemia de covid-19 y la crisis económica.
Las ONG exhortan a los gobiernos de México y a la Unión Europea “a cancelar los megaproyectos que han provocado asesinatos de personas defensoras y suspender aquellos que carecen de valoraciones sobre los impactos en derechos humanos y consultas”. Les piden diseñar una política migratoria y de asilo con enfoque de derechos humanos.
En un documento firmado por diversas organizaciones, entre ellos Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez e IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, se señala que pese a las promesas del gobierno federal “se siguen manteniendo altos índices de violencia y violaciones a los derechos humanos e impunidad” en México.
Plantean que el 10 de julio, durnate la IX Edición del Diálogo Bilateral de Alto Nivel en materia de Derechos Humanos, entre México y Unión Europea, las organizaciones civiles entregaron un extenso diagnóstico sobre el tema y califican de “positivo” que el presidente Andrés Manuel López Obrador “haya reconocido, en parte, la magnitud de la crisis en materia de derechos humanos” y se haya comprometido a investigar y resolver las desapariciones en nuestro país; sin embargo, acusan que esa promesa no se ha cumplido.
Manifiestan su preocupación “ante las deficiencias estructurales de las instituciones de administración y procuración de justicia que propician la persistencia de la impunidad, la ausencia de políticas integrales de atención a las víctimas, el mantenimiento de la política de militarización de la seguridad pública y el incumplimiento de México con recomendaciones y resoluciones internacionales”.
Se denunció que en México se vive un debilitamiento de los órganos reguladores y autónomos; difamaciones contra organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación, además del impacto de las medidas de austeridad sobre las instituciones de derechos humanos
En el documento se refieren al “Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación”, firmado entre ambos países y se habla del cierre de las negociaciones durante la pandemia “sin consulta, ni participación de la sociedad civil, lo que evidencia la priorización de los actores económicos, sobre los derechos humanos”.
Lo que da como resultado la falta de evaluaciones de impacto en derechos humanos y ambientales, incluyendo las consultas a las comunidades donde el gobierno federal construye grandes proyectos, como el Tren Maya.
AE