A pesar de que existen numerosos esfuerzos para promover el derecho a vivir en familia, la organización Aldeas Infantiles S.O.S. refirió que aún queda pendiente la operación de una estrategia transversal e integral con enfoque de derechos humanos la cual garantice el interés superior de los niños y adolescentes que han perdido el cuidado parental o se encuentran en riesgo a hacerlo.
Semanas atrás el tema de los cuidados parentales alternativos cobró auge tras la polémica que ocasionó el egreso, de un bebé de cinco meses que reside en un Centro de Asistencia Social en Nuevo León, otorgando la responsabilidad de su cuidado por solo unas horas a Mariana Rodríguez, titular de la Oficina Amar a Nuevo León, y a su esposo Samuel García, gobernador de la entidad.
Al respecto, el organismo señaló que lo acontecido expone las debilidades del sistema de protección respecto al interés superior de los niños que se encuentran en alguna modalidad alternativa de cuidado, en este caso, en un espacio de alojamiento residencial.
Daniela Cervantes, coordinadora nacional de abogacía en Aldeas Infantiles S.O.S., consideró importante que no solo el caso de este bebé, sino todos los casos de niños que se encuentran en estos espacios sean revisados y “estudiados con lupa”, pues, en entrevista con MILENIO, explicó que una consecuencia de dar permisos especiales y hacer excepciones a los protocolos de cuidados parentales alternativos es que, al final, las medidas no sean las que protegen al niño o adolescente.
Resaltó que cada una de estas personas ha pasado por situaciones complejas que orillaron al Estado a determinar su residencia en un Centro de Asistencia Social; sin embargo, esta condición no es el fin del proceso, pues la restitución de derechos sigue adelante, de modo que no se pueden tomar decisiones de este tipo sin tomar en cuenta los criterios en las medidas de protección estipuladas en la legislación.
“Se deben fortalecer al Sistema de Protección y los derechos de la niñez que se encuentran en espacios residenciales o alguna alternativa de cuidado”, abundó la especialista, “estas medidas de protección deberían estar respondiendo al interés superior de la niñez y no a casos particulares”.
Aldeas Infantiles S.O.S sostuvo mediante un comunicado que es momento de aplicar los instrumentos jurídicos e institucionales con los que cuenta México para proteger y defender los derechos de las infancias.
“Las niñas y niños son sujetos de derechos que deben ser respetados por todas y todos sin importar el empleo, la edad o la relación que tengamos con ellas y ellos”, indicó.
Daniela Cervantes resaltó que desde el año pasado se solicitó la implementación de políticas públicas dirigidas a los cuidados alternativos mediante un foro en el Senado, pero en la agenda sigue sin hablarse de estos espacios, o de cómo deberían regularizarse los CAS y estar monitoreando cada caso de niñas, niños y adolescentes.
Desde Aldeas Infantiles, se hizo un llamado a conocer los derechos de niños y adolescentes, así como la responsabilidad que se tiene de garantizarlos para que el ejercicio de los cuidados alternativos responda a los criterios de calidad que establece la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
“El lugar idóneo para recibir atención, amor y cariño, es la familia, pero los cuidados alternativos existen para cuando no se dan las condiciones, por lo que deberían apuntar a un atención de calidad para cada específico”, apuntó.
JLMR