Organizaciones de la sociedad civil, hacen un llamado al presidente, Andrés Manuel López Obrador, para que convoque “a la brevedad” al Pleno del Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV), mismo que debió haber sesionado, desde el año de 2014 y no ha sido así, pese a las miles de víctimas que hay en el país.
En paralelo, hacen un exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que garantice la suficiencia presupuestal para el desarrollo de las actividades de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Ambas situaciones están previstas en la Ley General de Víctimas y por lo tanto son obligatorias para el Estado mexicano.
Entre las organizaciones que hacen el llamado, están la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos; Observatorio Ciudadano de Derechos de las Víctimas y Red Nacional de Peritos/as y Expertos/as Independientes Contra la Tortura y Colectivo Liquidámbar.
En un comunicado de prensa, critican de inicio la reducción que se pretende del 75 por ciento del presupuesto operativo de la CEAV, mismo que de concretarse “frenará sus actividades esenciales y paraliza su funcionamiento”.
Ello no solo “implicaría la imposibilidad de pagar al personal contratado por servicios– por ejemplo de Asesores Jurídicos Federales– sino también de cubrir aquellos gastos inherentes a las actividades de acompañamiento a víctimas de violaciones a los derechos humanos”. Enfatizan que de darse ese recorte, serán las víctimas, quienes sufran las peores consecuencias.
Como se sabe esa reducción presupuestal, tendría su origen en las medidas de austeridad, publicadas en el Decreto presidencial del 23 de abril pasado. Paralelo a ese anunciado recorte por la misma CEAV “el gobierno mexicano, continúa sin establecer como una prioridad de Estado el tema de la atención a víctimas”.
Sobre el SNAV en los tres niveles de gobierno se precisa que al no convocarse, desde hace 6 años a su Pleno se está incurriendo en violaciones a la Ley General de Víctimas.
En ésta se establece que “deberá ser convocado por lo menos una vez cada seis meses a convocatoria del Presidente de la República”.
Incluso la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en sus análisis, sobre la situación de las víctimas en nuestro país ha señalado que “el mayor obstáculo es la falta de coordinación y articulación de las instituciones que conforman al Sistema”.
FS