Luego de que las autoridades de Tamaulipas informaron el hallazgo de 19 personas calcinadas en una zona cercana a la frontera con Estados Unidos, distintas organizaciones civiles, casas de migrantes y comités de familiares de migrantes desaparecidos de Centroamérica, condenaron ese hecho y exhortaron al presidente Andrés Manuel López Obrado a tomar medidas necesarias para evitar la repetición de esos crímenes contra personas migrantes, los cuales suceden desde hace más de 10 años.
A través de un comunicado, más de 100 comités, asociaciones y redes de organizaciones de la sociedad civil como Oxfam México, Casa del Migrante El Samaritano, Amnistía Internacional y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, A.C coincidieron que, es evidente la falta de diseño e implementación de políticas de prevención de la violencia que garanticen el derecho a una migración segura, como lo refiere el Pacto Global de Migración, el cual está destinado a proteger a migrantes indocumentados.
La tarde del 22 de enero, las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas fueron alertadas por un reporte ciudadano que en una brecha del municipio de Camargo se encontraba un vehículo incendiado y restos de personas, quienes, de acuerdo con familiares, presuntamente son originarias de Guatemala.
En ese contexto, apuntaron que los hechos implican violaciones graves a derechos humanos, principalmente por la falta de prevención del Estado mexicano al no tomar medidas para investigar y sancionar las masacres de personas migrantes ocurridas en esa misma zona fronteriza.
“La tolerancia de estos aberrantes crímenes demuestran la nula protección de la población migrante en México, los riesgos y la vulnerabilidad extrema en la que se encuentran frente a la crisis de violencia, desapariciones y ejecuciones que impera en el país”, aseveraron.
Este martes, diversas organizaciones presentaron una denuncia ante las fiscalías General de la República (FGR) y la de Tamaulipas, para exigir la identificación de los restos y una investigación efectiva de lo acontecido. A su vez, solicitaron medidas cautelares a la Comisión Nacional de Búsqueda en México.
Recordaron que la masacre es únicamente una cifra más de las cuatro masacres de migrantes previas ocurridas en Tamaulipas y en otras entidades fronterizas, como la ejecución de 72 migrantes en 2010, las fosas clandestinas de San Fernando en 2011, la masacre de Cadereyta un año después y la de Güémez en 2014.
Al igual, criticaron la reiteración del gobierno mexicano por presentar una migración ordenada, segura y regular, cuando este hecho demostró lo contrario. Recordaron que la legislación mexicana en materia migratoria y de protección internacional, permite otorgar estancia por razones humanitarias y solicitar asilo.
“Sin embargo, bajo el discurso de una migración ordenada, segura y regular esto no ha sido efectivo y la contención migratoria a través de la militarización de las fronteras ha sido constate”, aseguraron.
GN, para garantizar la seguridad de las personas, no contener la migración
En cuanto a la Guardia Nacional, comentaron que ésta debería realizar y coordinar acciones para garantizar la seguridad de todas las personas en el país, no conteniendo la migración. Por esa razón, hicieron un llamado al presidente y al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para que reconozcan los riesgos y delitos de los que son víctimas mujeres, hombres y niños migrantes en su tránsito por el país.
Destacaron que estos eventos no pueden investigarse de manera aislada de las masacres y desapariciones de personas migrantes ocurridas en Tamaulipas y Nuevo León, así como la desaparición de migrantes que fueron bajados de un autobús en febrero de 2019. En ese sentido, solicitaron a la FGR aplicar las herramientas de la Ley Orgánica y formar un equipo mixto junto con Tamaulipas y una comisión especial.
Además, sumaron otras seis exigencias al Estado mexicano mediante la FGR y la propia Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), entre ellas: garantizar el derecho de los familiares de posibles víctimas del caso, prontitud, debida diligencia y exhaustividad en la investigación, al igual que garantizar un proceso adecuado de preservación y procesamiento de cuerpos y evidencias.
JLMR