Organizaciones de la sociedad civil mexicanas solicitaron ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa de la capital poner fin al programa 'Quédate en México' alegando que significa un riesgo para la vida de los migrantes que buscan protección internacional en Estados Unidos al violar su derecho al debido proceso, al principio de no devolución y a la seguridad, además de ir en contra de la legislación nacional e internacional.
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El amparo 1887/2021 fue promovido en la Ciudad de México desde el pasado 30 de diciembre por Asylum Access México, Sin Fronteras IAP, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), la Clínica Jurídica para Refugiados Alaíde Foppa de la Universidad Iberoamericana, la Clínica Jurídica del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM y el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), se detalló este jueves.
"El gobierno mexicano no puede seguir coadyuvando en políticas que violan el derecho a la protección de las personas y que representan ir en contra de nuestra Constitución y compromisos internacionales. No podemos seguir permitiendo que el Estado mexicano siga coludido con el gobierno estadunidense para poner en riesgo la integridad de las familias que buscan protección", estipularon.
Agregaron que "las personas están huyendo de sus países porque su vida corre peligro y como Estado mexicano tenemos el compromiso de garantizar protección a quienes buscan asilo, no de revictimizarles y colocarles en condiciones de mayor vulnerabilidad".
Quédate en México
El programa 'Quédate en México', política migratoria concebida en la era de Donald Trump, fue reinstalado este pasado 2 de diciembre del año pasado. Obliga a todos los solicitantes de asilo en Estados Unidos regresar a través de la frontera y permanecer en territorio mexicano mientras se toma una decisión en su caso.
Cinco días después, el 7 de diciembre, se regresó a las primeras personas a través de Ciudad Juárez, Chihuahua como reportó MILENIO en si momento.
Al respecto, el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos reporta que del 7 de diciembre al 4 de enero de 2022 se han regresado a 217 personas provenientes de Nicaragua, Venezuela, Cuba, Ecuador y Colombia.
A diferencia de la primera vez que se instauro dicho programa, donde se limitaba a personas de países hispanoparlantes, la reinstalación en la era de Joe Biden establece el regreso de personas de todo el continente, incluido Haití. Los puntos fronterizos por donde se han realizado las devoluciones hasta ahora son San Diego y El Paso, que colindan con Tijuana y Ciudad Juárez respectivamente.
Las organizaciones de la sociedad civil de Estados Unidos y México han señalado que “no hay forma de que este programa tenga un enfoque de derechos humanos ni de protección”, sino que por el contrario, "se ha documentado como representa exponerlos a diversas violencias como secuestro, extorsión y violaciones sin que el Estado mexicano garantice su acceso a la justicia", se destacó en un comunicado.
En la primera ocasión en que el programa 'Quédate en México' fue puesto en marcha, durante la administración de Trump, entre enero de 2019 y enero de 2021, se obligó a regresar a México a más de 72 mil personas migrantes.
Esto sin que se garantizara su acceso a la salud, educación, empleo y vivienda pese a que el gobierno mexicano se comprometió a hacerlo, destacaron las organizaciones de la sociedad civil.
Además, de acuerdo con la documentación de Human Rights First se registraron más de mil 300 eventos violentos, incluidos asesinatos, contra la población migrante expulsada en México.
De acuerdo con los registros, estos evento fueron perpetrados por policías, agentes de migración y bandas del crimen organizado que merodean la frontera a la caza de migrantes a los que secuestran y extorsionan.
El 15 de diciembre de 2020, el IMUMI y la FJEDD presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República por dichos actos violentos sin que a la fecha haya alguna respuesta o reparación del daño, al tiempo que se presentaron quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, recordaron las organizaciones.
"Además de que desde 2020 las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene en sus manos la oportunidad de pronunciarse contra la participación del gobierno mexicano en políticas de asilo contrarias a nuestra Constitución como el Programa “Quédate en México”. A la fecha no se hay ningún pronunciamiento al respecto", se insistió en un posicionamiento difundido este jueves.