Organizaciones de la sociedad civil respaldaron la propuesta del equipo del virtual presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de despenalizar las drogas.
Dichas organizaciones consideraron que México no ha contado con una política de drogas orientada a la protección de sus ciudadanos, ésta se ha reducido a satisfacer la exigencia extranjera de mantener una prohibición absoluta que privilegia la represión y desatiende las necesidades de prevención y tratamiento de la población.
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El Movimiento Unido Contra la Delincuencia, Fundar Centro de Análisis y más de 100 organizaciones y además de personas que se adhirieron, firmaron un texto en el que se destaca que desde hace 12 años el prohibicionismo fue llevado a su extremo, cuando con una decisión errada el presidente Felipe Calderón decidió militarizar aún más los esfuerzos anti-narcóticos e iniciar una “guerra contra las drogas”.
Y "pese a lo evidente de su fracaso y lo innegable de sus costos, la decisión no se sometió a revisión durante la siguiente administración y, en su lugar, el gobierno de Enrique Peña Nieto prefirió ignorar la crisis y perpetuarla, negándose a iniciar la reforma y optando por consolidar la militarización".
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Se viven momentos históricos que consideraron deben aprovecharse, porque la elección del 1 de julio fue un contundente mandato a favor de la construcción de la paz y en contra de la guerra.
"En congruencia con ese mandato, figuras de su equipo de transición, como los senadores electos Olga Sánchez-Cordero y Alfonso Durazo, han anunciado su compromiso con un proceso de pacificación que incluye la justicia transicional, la desmilitarización de la seguridad pública y, como condición previa e indispensable, la regulación de las drogas".
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A diferencia de hace doce años, indicaron que hoy México cuenta con una población lista para construir otros caminos.
"Existe una masa crítica de ciudadanos y ciudadanas que –desde la academia, la sociedad civil organizada y el periodismo- estamos proponiendo políticas de drogas alternativas.
"Incluso nuestra judicatura ha reaccionado en forma contundente, declarando en reiteradas ocasiones que la prohibición vulnera derechos humanos consagrados en nuestra Constitución. De ahí que estamos convencidos que la discusión no consiste en preguntarnos si debemos o no regular las drogas, sino en cómo hacerlo".
Reconocieron que "existen serios obstáculos que habremos de sortear. Desde el extranjero, habrá quienes nos exijan continuar la guerra a la vez que avanzan en sus propios procesos de regulación. Desde el interior, habrá también quien busque defender los intereses de la fallida estrategia o quienes, de buena fe, tardarán en aceptar la evidencia cada día más contundente de su fracaso".
Regular las drogas no es, por sí sola, una medida suficiente para acabar con la guerra, pero indicaron estar convencidos de que es una medida necesaria para lograr la paz.
AE