Organizaciones de la sociedad civil manifestaron su preocupación por las iniciativas de reforma que buscan desaparecer al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y otros organismos autónomos, desconcentrados y descentralizados y exhortaron al Poder Legislativo rechazar las propuestas y garantizar la progresividad de los derechos humanos.
En específico, criticaron la propuesta para desaparecer al INAI, la cual se basa en la supuesta “duplicidad de funciones” y busca trasladar sus responsabilidades a la Secretaría de la Función Pública (SFP), a las contralorías de los otros Poderes de la Unión, al Instituto Nacional Electoral y al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
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Ante ello, consideraron que más allá de promover la eliminación y desaparición de los controles democráticos, debe apostarse por mecanismos rigurosos que aseguren que los órganos autónomos cuenten con los mejores perfiles, independientes y con la experiencia necesaria para la protección y defensa de los derechos humanos sin injerencias por parte de otros poderes.
“Llamamos al Congreso de la Unión a rechazar esta iniciativa y poner en el centro del debate la progresividad de los derechos que tenemos todas las personas”, expresaron.
Con el respaldo de más de 900 firmas de defensores de derechos humanos y ciudadanos, las organizaciones advirtieron que los cambios planteados son “preocupantes”.
“Algunas de estas iniciativas proponen cambios preocupantes, sobre todo las de materia político-electoral, las que buscan reformar al Poder Judicial o las que proponen la desaparición de distintos órganos, pues generan importantes regresiones en la garantía de los derechos humanos de las personas y al esquema de controles y contrapesos democráticos”, expresaron en un posicionamiento público.
Por ejemplo, expusieron que el hecho de que se proponga que la SFP asuma las funciones que actualmente realiza el INAI “es contrario a los avances registrados en materia de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas construidos a lo largo de los últimos 20 años, además de que no forman parte de su mandato”.
Explicaron que a la SFP le corresponde verificar el correcto funcionamiento de la administración pública y de las personas servidoras públicas a nivel federal y se restringe al ámbito del Poder Ejecutivo.
“En este sentido, la desaparición del INAI implicaría la desaparición, en cadena, de los órganos garantes de transparencia de las distintas entidades federativas, poniendo en riesgo el sistema de transparencia del país y el derecho a saber de la sociedad en su conjunto”, reprocharon.
Las organizaciones acusaron que ésta no es la primera ocasión que el presidente Andrés Manuel López Obrador manifiesta sus intenciones de desmantelar al órgano garante del acceso a la información.
“Desde el año 2022, durante una conferencia matutina, manifestó su interés por desaparecer estos entes de control y vigilancia democrática; desde entonces ha impulsado distintas estrategias para debilitar estos mecanismos de contrapesos, que van desde las narrativas de desprestigio a través de las conferencias matutinas, pasando por la reducción de su presupuesto y la parálisis en sus designaciones”, acusaron.
Hasta ahora, sin embargo, no había enviado al Poder Legislativo una iniciativa para desaparecerlo y dejar sin herramientas a la ciudadanía para realizar un escrutinio sobre el quehacer gubernamental, expusieron.
“Con la desaparición de los organismos autónomos que propone el presidente de la República tampoco se garantizan ahorros significativos, pues tan sólo el presupuesto del INAI (1,168 millones de pesos asignados para 2024) apenas representa el 0.01 por ciento del gasto total del gobierno federal”, argumentaron.
Por ello, consideraron “sumamente preocupante que el discurso de austeridad se establezca por encima del fortalecimiento institucional y la garantía de los derechos humanos”.
Las organizaciones expresaron que en la lucha ciudadana por la democracia y la creación del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información se exigió poner fin a prácticas de opacidad y discrecionalidad de los entes del gobierno.
Recordaron que la experiencia demostró que cuando no existen controles independientes y autónomos, las autoridades son renuentes a cumplir de motu proprio sus obligaciones constitucionales.
“Debido a la existencia de un órgano autónomo se ha logrado abrir información que las entidades públicas se han negado a divulgar, como lo son casos emblemáticos de corrupción y graves violaciones a los derechos humanos”, recordaron.
IOG