En México las investigaciones de los delitos por desaparición, homicidio y amenazas a defensores de derechos humanos y periodistas carecen de una debida diligencia, advirtió la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
Entre enero de 2019 y septiembre de 2023, la oficina documentó el homicidio de 41 periodistas, seis trabajadores de medios y 91 defensores. Además de la desaparición 13 personas: ocho defensoras y cinco periodistas.
De los 150 casos, la ONU-DH acusó que el Estado mexicano no cumplió en materia de protección y prevención del riesgo, en más del 30 por ciento de los casos se presentaron denuncias que no fueron adecuadamente tramitadas ni consideradas.
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Así lo dio a conocer el representante adjunto de la ONU-DH, Jesús Peña Palacios, en la presentación del informe Buenas prácticas y desafíos en la investigación de delitos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos.
“Las personas defensoras y periodistas se enfrentan a un riesgo de agresiones que van desde campañas de desprestigio, amenazas, hostigamiento, vigilancia, hasta la desaparición o el asesinato (...) resulta preocupante que en México persistan elevados niveles de impunidad”, apuntó, en conferencia de prensa.
El informe analiza a detalle las investigaciones en nueve casos, que incluyen homicidios, amenazas y desaparición contra defensores de derechos humanos y periodistas, de los cuales en solo tres se obtuvo una sentencia condenatoria.
Peña Palacios señaló que dentro los casos documentados se identificaron omisiones relacionadas con el cumplimiento de una debida diligencia, lo que implica perder “evidencia esencial”, como videograbaciones, debido a retrasos injustificados y el agotamiento de líneas de investigación.
Si bien reconoció la capacidad de la Fiscalía General de la República (FGR) para realizar investigaciones, apuntó que “no siempre se conjugan los recursos, la competencia y la voluntad necesarias para cumplir con la obligación de investigar, juzgar y sancionar”.
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La periodista de Coahuila, Camelia Muñoz Alvarado, cuyo caso figura dentro del informe, acusó que las autoridades no han investigado al menos tres denuncias de agresiones que interpuso desde 2014.
“Los periodistas se enfrentan a distintos tipos de ataques, la mayoría de los cuales quedan en la impunidad, en parte debido a la falta de voluntad política para realizar investigaciones”, dijo la comunicadora.
En tanto, la Titular de la Unidad de Análisis de Contexto de la Fiscalía de Chihuahua, Laura Cristina Acosta, resaltó que las técnicas de investigación, tales como el análisis de contexto, junto con la correcta implementación de una política de priorización de casos, “juegan un papel determinante en las investigaciones criminales”.
Afirmó que es imprescindible el análisis de contexto, pues “esta metodología de investigación nos va a permitir escapar de los resultados tradicionales”.
El informe contempla 16 recomendaciones a las 33 fiscalías del país, entre ellas, determinar criterios de priorización para la atracción de un caso por parte de la FGR, así como analizar la implementación del Protocolo Homologado de Investigación en delitos cometidos contra la libertad de expresión.
Adicional a ello, planteó que las fiscalías publiquen indicadores de desempeño a través de un informe anual, sobre sus investigaciones, acusaciones y sentencias por los delitos contra defensores y periodistas.
aag