La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) aplaudió la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que determinó inconstitucional la Ley de Seguridad Interior.
"La decisión de la Corte confirma el papel clave del Poder Judicial como un ente independiente capaz de garantizar los derechos humanos. La resolución envía un poderoso mensaje en contra de la militarización de la política de seguridad”, afirmó Jan Jarab, representante en México de la ONU-DH.
El funcionario refirió que el despliegue de las fuerzas armadas durante la última década, en la lucha contra el crimen, no ha traído seguridad y que, en cambio, la población en México sufrió violaciones y abusos a sus derechos humanos por parte de actores estatales y no estatales, incluidas ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas.
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La ONU-DH reconoció a las entidades que se opusieron a la adopción de la Ley, entre las que están la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), los Procedimientos Especiales de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y organizaciones de la sociedad civil.
Diez de los once ministros de la Suprema Corte se pronunciaron por la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, al considerar que el Congreso no tiene la competencia para legislar en dicha materia.
EVL