El representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, llamó al Congreso de la Unión a debatir sobre la eliminación de la prisión preventiva de oficio, más que sobre la ampliación del catálogo de delitos sujetos a esa medida cautelar.
En contraste, representantes de las cámaras nacionales del Autotransporte de Carga y del Autotransporte de Pasajeros urgieron a los legisladores a incluir el robo a transporte entre los delitos graves y con prisión preventiva de oficio enlistados en el artículo 19 constitucional.
El coordinador de la Comisión de Leyes y Reglamentos de la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasajeros, Armando López, mostró incluso un vídeo del asalto con violencia a un vehículo de pasajeros en la carretera México-Texcoco para persuadir a los diputados de imponer prisión de oficio a los procesados por ese delito y evitar que enfrenten su juicio en libertad.
Durante la segunda mesa de las audiencias públicas sobre la reforma constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa en el Palacio de San Lázaro, Jarab sostuvo, sin embargo, que la prisión preventiva oficiosa representa una violación manifiesta a los derechos humanos.
Por ello, remarcó, “este honorable Congreso debería estar dando pasos decididos en dirección opuesta y, más que discutir su eventual extensión, se debería estar planteando la eliminación de la prisión preventiva oficiosa”.
El representante de las Naciones Unidas propuso asimismo que, en todo caso, la reforma constitucional considere un catálogo de delitos graves por los que el Ministerio Público esté obligado a solicitar la prisión preventiva de oficio para los responsables y los jueces tengan la facultad de decidir o no la pertinencia de esa medida.
Indicó, en ese contexto, que el Alto Comisionado de los Derechos Humanos no propone derogar la prisión preventiva justificada y dejar libres a todas las personas imputadas, sino eliminar la oficiosa, que es “automática, obligatoria y mecánica”, y supone la privación de algunas de las garantías procesales básicas.
Con información de Elia Castillo