México pidió al Consejo de Derechos Humanos de la ONU activar los mecanismos especiales para emitir recomendaciones urgentes a los gobiernos por sus políticas migratorias que violan los derechos fundamentales, luego de que el Estados Unidos implementó medidas más severas para frenar la migración, como la separación de los niños de sus familias.
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Ante el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al Hussein, la embajadora de México ante el organismo, Socorro Flores, condenó a los Estados que criminalizan la migración y que separan a los niños de sus padres.
Flores reconoció que todos los países tienen el derecho de definir su propia política migratoria; sin embargo, aseguró, también tienen la obligación de “respetar los derechos humanos y la dignidad de las personas, incluidos los migrantes".
"No podemos aceptar que se criminalice la migración, un fenómeno natural que ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad, o la ayuda que se otorga a los inmigrantes y sus familias", afirmó.
“Son inaceptables políticas que permiten la separación de los niños en la frontera, las cuales no se ajustan a los estándares internacionales en materia de derechos humanos ni son consistentes con el principio del interés superior del niño, por lo que deben ser abandonadas”, agregó.
La diplomática mexicana pidió poner un alto a las políticas que alientan la discriminación, la xenofobia y la polarización de la sociedad, así como aquellas que son un abuso a la población vulnerable como los niños.
Por ello, hizo un llamado al Consejo de Derechos Humanos a “seguir de cerca los desarrollos legislativos y políticas relativas a la migración con el objetivo de hacer recomendaciones urgentes a los Estados”.
Según datos oficiales, cerca de 2 mil menores migrantes han sido separados de sus familias en la frontera con México en tan solo seis semanas por la aplicación de la política de "tolerancia cero" del gobierno estadunidense.
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Ayer, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió que "cese inmediatamente" la separación forzosa de menores migrantes de sus padres y consideró inadmisible pensar que un Estado es capaz de infligir tal sufrimiento a niños pensando que así disuadirá a sus padres.