Seis relatores especiales de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) enviaron una carta al gobierno de México en la que señalan una serie de presuntas violaciones a derechos humanos cometidas en contra de personas que habitan en la región por donde pasará el Tren Maya.
Entre ellas, los relatores manifestaron en la misiva su preocupación por la “posible militarización”, dado que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que los tramos del proyecto que van de Tulum, Quintana Roo a Escárcega, Campeche, serán construidos por la Secretaría de Defensa Nacional, lo que podría violentar los derechos humanos de las comunidades indígenas de la región.
“El riesgo de militarización levanta preocupación en cuanto, como ha observado la anterior relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas tras su visita a México en 2017, el uso de los militares para tareas de orden civil en territorios indígenas ha significado mayores violaciones a derechos humanos”, dice la carta.
En la misiva dada a conocer por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), los relatores señalan que sin implicar una conclusión sobre los impactos a los derechos humanos de las comunidades y plantearon cuestionamientos específicos al Estado respecto del tema.
“Quisiéramos señalar nuestra grave preocupación por los posibles impactos del llamado proyecto de desarrollo Tren Maya para las comunidades indígenas que podrían verse afectadas en sus derechos territoriales, su derecho a no ser desalojadas y su derecho a la salud, entre otros, en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
"Nos preocupa además la información que indica que el estudio de impacto ambiental haya sido inadecuado, conllevando riesgos de daños ambientales por las actividades del proyecto causados por la contaminación e impactos negativos a la biodiversidad y el agua.”
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Al respecto, International Service for Human Rights, el Consejo Regional y Popular de Xpujil , el (CEMDA) y la Comisión Mexicana de Protección y Defensa de los Derechos Humanos (CMDPDH), hicieron un llamado al gobierno federal, para que acate las medidas solicitadas por los relatores de la ONU y acate las recomendaciones y cumpla con sus obligaciones bajo convenios internacionales y estándares de derechos humanos allí señalados.
“Lo más relevante y urgente, es que se suspendan las obras de construcción del Tren Maya hasta que se realice una evaluación de impacto ambiental y social integral e independiente, que se obtenga el consentimiento de las estructuras representativas identificadas por las propias comunidades afectadas y se cumpla estrictamente con todos los estándares internacionales en materia de derechos humanos y en el marco del Convenio 169 de la OIT, y cumpla con todas las garantías de derechos humanos antes de proseguir con la construcción”.
En la carta enviada por los relatores, destacan que hubo violaciones a derechos durante el proceso de consulta indígena, el cual fue acompañado en calidad de observador por la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
“Habría constatado algunas violaciones al derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado y expresado su preocupación al respecto.”