El representante adjunto de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jesús Peña Palacios urgió al Senado a reformar la Constitución y elaborar una Ley General sobre Desplazamiento Forzado Interno.
Durante el informe de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, encabezada por la perredista Angélica de la Peña, el representante de la ONU dijo que cualquier agenda sobre movilidad humana debe también reconocer los derechos de las personas desplazadas.
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Por ello, Peña Palacios señaló que los senadores también deben impulsar una legislación que impulse los derechos de las personas en el contexto de la movilidad humana.
Coincidió con el presidente Enrique Peña Nieto, durante la Asamblea General de la ONU, en el sentido de que los migrantes y refugiados enfrentan rechazo, discriminación y abuso, "no se puede dar la espalda al sufrimiento de millones de personas que abandonan sus países en búsqueda de mejores oportunidades o (huyen) de conflictos armados, la violencia, crisis humanitaria alrededor del mundo".
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Indicó que "México debe avanzar en la confección de un nuevo marco legislativo que reconozca plenamente el derecho de toda persona en buscar y recibir asilo en línea con los compromisos internacionales y bajo el impulso del renovado artículo 11 constitucional".
Sobre la Ley de Víctimas dijo que es urgente que se renueve el marco normativo y sea un instrumento ágil y brinde una respuesta a las víctimas tanto de la comisión de delitos como por violaciones a los derechos humanos, "dicha reforma debe regirse por el principio de la progresividad a efecto de descartar cualquier regresión que mutile los reclamos de las víctimas".
Indicó que la ley sobre personas desaparecidas "aguarda cada día con mayor impaciencia, su aprobación por el Senado. Dicha ley, además de brindar una respuesta integral a la trágica problemática que enfrenta el país en esta materia, debe ser confeccionada desde el sentir de las víctimas y sus familias, y colocar en la médula de su arquitectura normativa la búsqueda efectiva de las personas cuyo paradero se desconoce", expresó.
Destacó que entre los logros de la Comisión se encuentra la Ley Nacional de Ejecución Penal y la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, "ambas conforman un nuevo paradigma y parten de la premisa de la aplicación de los principios básicos del derecho internacional de los derechos humanos, particularmente el de la dignidad de todas las personas; el debido proceso; el respeto a la integridad; la no discriminación; el reconocimiento, como titulares de derechos, de las niñas, niños y adolescentes, así como de las personas privadas de la libertad". E indicó que ahora el reto es la implementación de ambas piezas de legislación.
Refirió la La Ley General sobre Tortura constituye otra importante contribución de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, porque se trata de una norma garantista, tanto en el ámbito de la prevención, como en el de la investigación, juzgamiento, sanción y reparación de las víctimas.