La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el líder de Morena en el Senado, Adán Augusto López, operaron para encauzar la reforma judicial, lo que permitió que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) entregara la información que requiere la convocatoria para elegir a jueces, magistrados y ministros por voto popular.
“Si en algo podemos coadyuvar para la buena marcha de los asuntos públicos del país, lo hacemos, y quiero reconocer también el trabajo de la secretaria de Gobernación (Rosa Icela Rodríguez)”, señaló el legislador de Morena.
Agregó que la encargada de la política interna del país “conduce la relación con otros poderes y hemos estado conversando desde hace algún tiempo, y aportando nuestro granito de arena para que los asuntos se vayan resolviendo”.
Durante su intervención en la sesión en la que se aprobaron las leyes secundarias de la reforma judicial, Adán Augusto López aseguró:
“A mí no me avergüenza, si algo tuvimos que ver lo hicimos convencidos de que los políticos hacemos política”.
Destacó que, pese a que el CJF accedió a entregar la información sobre las vacantes en el Poder Judicial, la ministra presidenta, Norma Piña, votó en contra.
“Alguien me dijo que había sido mérito de la presidenta de la Corte y la verdad que ella votó en contra de ese acuerdo”, subrayó.
En entrevista, advirtió que “están cambiando las condiciones y es altamente probable que el Consejo de la Judicatura vaya tomando decisiones que no obedezcan al deseo de la presidenta de la Corte”.
Por su parte, el CJF entregó al Senado un listado con 186 vacantes en distintos cargos, información que será incorporada a la convocatoria para la elección de ministros, magistrados y jueces el primer domingo de junio de 2025.
En ese sentido, este sábado el Senado insaculará 658 cargos de jueces y magistrados que serán elegidos en dicha jornada.
Conflicto en la Corte
La Corte vivió su primer conflicto público por la entrada en vigor de la reforma judicial, debido a los votos que deben prevalecer para anular una norma impugnada con una acción de inconstitucionalidad.
La discusión se originó por una norma que permite a municipios de Coahuila cobrar un impuesto por copias certificadas relacionadas con el derecho al acceso a información pública.
—¿Se está desestimando (la acción de inconstitucionalidad) por no lograr los ocho votos? —preguntó el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
—Así es —respondió el secretario de acuerdos.
El ministro Alberto Pérez Dayán afirmó que mientras la Corte tenga 11 integrantes deben emitirse ocho votos. Lo que generó un debate sobre si deben ser seis, como marca la reforma, la cual contempla nueve y no 11 miembros.
La ministra Loretta Ortiz Ahfl dijo que hay un vacío legal por la falta de leyes reglamentarias y artículos transitorios de la reforma, así que la presidenta de la Corte, Norma Piña, propuso continuar el lunes para marcar el criterio.