El coronel a cargo del Grupo de Análisis de Información del Narcotráfico (GAIN), que planeó el operativo de Culiacán, fue quien decidió entrar a la casa de Ovidio Guzmán López sin una orden de cateo y sin pedir la autorización debida a sus superiores, por lo que la Fiscalía de Justicia Militar ya investiga si se infringieron reglamentos o leyes militares.
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A petición del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, dio a conocer el nombre de este teniente coronel de caballería diplomado de Estado Mayor, quien “dirige los esfuerzos y es el responsable de la obtención de información”.
Respecto a quién y cómo debió solicitar autorización, explicó que, en la escala jerárquica, este grupo de análisis está bajo la operación del subjefe de Inteligencia, que es una de las cuatro áreas del Estado Mayor de la Defensa Nacional.
“Entonces tendría que haber seguido ese canal (el subjefe de Inteligencia) hasta llegar, en este caso, a mi persona, y obviamente yo haberlo hecho del conocimiento del Gabinete de Seguridad y éste del Presidente.
“En nuestra fiscalía se determinó un grupo que fuera a Culiacán a analizar lo sucedido desde el punto de vista jurídico, para poder determinar si dentro del desarrollo de esta operación fueron infringidos reglamentos o leyes militares que implican una responsabilidad para quien lo haya hecho o no (...) ahí estará incluida esta parte de no informar, de no pedir autorización, de no esperar la respuesta de quien tenía que estar enterado y decidir”, indicó en la conferencia matutina.
Según el artículo 301 del código militar, comete delito de desobediencia “el que no ejecuta o respeta una orden del superior, la modifica de propia autoridad o se extralimita al ejecutarla”. Para este delito en actos de servicio se establece una sanción de un año de prisión, con excepciones como que “cuando ocasione un mal grave, se castigará con dos años”.
Asimismo, “cuando fuere cometido en campaña, se castigará con cinco años de prisión, y si resultare perjuicio a las operaciones militares, con 10”; “cuando se efectúe frente al enemigo, marchando a encontrarlo, esperándolo a la defensiva, persiguiéndolo o durante la retirada, se impondrán de 30 a 60 años”.
Sandoval aclaró que las tres horas con 24 minutos que transcurrieron desde que Ovidio llama a sus hermanos hasta que se retiran las fuerzas, el hijo de El Chapo permaneció con los militares en el estacionamiento de la casa hasta que se canceló el operativo.
“A las 18:49 se toma la decisión, se transmite a la gente que estaba en la operación y se retira la fuerza; dejan al presunto delincuente en el punto, nunca es movido, se retiran y todo el escalón que teníamos alrededor de la casa, que estaba bajo vigilancia, se empieza a retirar hacia el cuartel militar”, detalló.
El Presidente negó “algún tipo de negociación” entre el cártel de Sinaloa y algún integrante del gobierno federal o de las fuerzas armadas; sobre los señalamientos por los datos imprecisos que se dieron la noche del 17 de octubre, el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, argumentó que, “en buen plan”, no estaban concentrados en dar información, sino en evitar una masacre.
Revelar nombre de mando podría ser un delito
Revelar el nombre del mando militar que coordinó el operativo en Sinaloa puede ser un acto constitutivo de delito por poner en riesgo su vida y la de su familia.
De acuerdo con la organización civil Causa en Común, se violó el artículo 13 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se refiere a la información reservada.
En la fracción IV establece que no se pueden revelar datos que ponga en riesgo la seguridad de una persona física; en el Capítulo II, “De la información Reservada”, refiere los motivos por los cuales una información puede considerarse en esta condición.
Al respecto, el expresidente Felipe Calderón señaló en su cuenta de Twitter que “El comandante del GAIN cuyo nombre fue irresponsablemente revelado esta mañana, debe ser protegido de inmediato, junto con toda su familia” y propone que se valore nombrarlo agregado militar en otro país, al tiempo que advirtió: “Lo que le pase a él y a los suyos es ya responsabilidad de quien ordenó exponerlo”.
En tanto, la bancada del PAN en el Senado calificó la filtración del presidente López Obrador como “es un acto grave de deslealtad”, que lo pone en peligro a él mando militar y de su familia.
A través de un comunicado señaló que obligar al secretario de la Defensa Nacional a dar a conocer la identidad del coronel, es "una prueba más del desprecio del mandatario nacional a los integrantes de las Fuerzas Armadas y su labor de salvaguardar la vida de los mexicanos".
Además, el grupo parlamentario exigió respeto a la libertad de expresión de los medios de comunicación y condenó las críticas del mandatario federal a la cobertura informativa de lo sucedido el pasado 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa.
Los legisladores panistas expresaron su solidaridad con los periodistas y medios informativos, ante los intentos de influir y manipular la información que se publica, y con las Fuerzas Armadas, por la falta de lealtad de este gobierno.
RLO