El bloque de contención en el Senado anunció que interpondrá una acción de inconstitucionalidad contra las reformas aprobadas por el pleno que hacen de la facturación falsa, el contrabando y la defraudación fiscal delitos de delincuencia organizada que atentan contra la seguridad nacional y son meritorios de prisión preventiva oficiosa.
Los senadores avalaron aumentar las penas de cinco a ocho años de prisión al que por sí o por interpósita persona expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
Al respecto, Mauricio Kuri, coordinador del PAN, lamentó que éste sea un gobierno de ocurrencias que no vea la realidad del país, que se niega a reglamentar la informalidad, que representa 60 por ciento de las ventas en el país.
El panista, Julen Rementeria, dijo que las modificaciones a cinco ordenamientos legales contravienen la Constitución, además de ser una conducta de "terrorismo fiscal" que lo único que pretende es criminalizar a los empresarios.
Confió en que la acción de inconstitucionalidad que interpondrá el bloque opositor echará abajo estas reformas, aunque aclaró que en sus términos estas modificaciones dejarán sin castigo a quienes hayan defraudado al fisco en el pasado.
"Con esta reforma todos los que se dedicaron a eso en el pasado ya no se pueden ir contra ellos, porque digamos que ya no puede ser la irretroactividad de la ley penal que está contemplada precisamente en el 14 constitucional.
"Y como se cambió el tipo delictivo y se hace ahora delincuencia organizada y también se ataca contra la soberanía de la nación y se aumentan las penas, ya no se podrá ir contra quienes se dedicaron a ello y eso es gravísimo porque era parte de sus argumentos: perseguir a los que han venido haciendo y recobrar recursos y aumentar la recaudación", expresó.
El vicecoordinador del PRI, Manuel Añorve, destacó que su partido está a favor de sancionar a las empresas fantasma y la facturación falsa, pero es un despropósito de un Estado autoritario equiparar estos ilícitos con delincuencia organizada.
"Vamos a presentar una acción de inconstitucionalidad, ya la empezamos a trabajar, porque debemos de separar la buena intención que se tiene para combatir a las empresas fantasma.
"Y, por supuesto, también la facturación falsa con un Estado autoritario que le da dientes a la procuraduría fiscal para resolver de manera autoritaria e inconstitucional contra cualquier inconsistencia que se tenga y es un arma del Estado que puede ser represiva y no queremos un Estado autoritario en este país", mencionó.
El senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García, destacó que con esa propuesta se acaba con las empresas fantasmas como esquemas utilizados por Rosario Robles y Javier Duarte, pues "se acaba el sangrado a las tesorería municipales, a Pemex, a CFE con simulación hacían proyectitos".
Sin embargo, Mónica Fernández, presidenta del Senado,aseguró que este es un andamiaje legal para combatir la corrupción y un flagelo que abre una sangría a las finanzas públicas de 1.6 billones de pesos.
"Esto no va dirigido a los contribuyentes honrados, no va dirigido a las personas que cumplen con la ley, que tienen sus negocios en la honradez, de ninguna manera, que son la mayoría del país.
"Esto va dirigido a los que no son contribuyentes porque eso es lo que tratan de evitar con todas facturas falsas, empresas fantasmas, a esos es a los que va dirigido, no va dirigido a los contribuyentes honrados, al contrario, no hay que dejarse engañar."Hay que tener muy claro como está diseñado este proceso y precisamente es para salvaguardar a los contribuyentes cumplidos", añadió.
icc