Coordinación, trabajo conjunto y acceso a la información de los organismos procuradores de justicia es un elemento vital para combatir e inhibir la incidencia de personas desaparecidas en el país por las diversas causas que se registran o denuncian, afirmó la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en México Karla Irasema Quintana Osuna.
Por lo cual se celebró la firma de convenio de colaboración con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) para abatir esta crisis de fragmentación de información que se mantiene desde el 2007, cuando la guerra contra el narcotráfico impulso la incidencia de personas no localizadas, “de las más de 110 mil personas desaparecidas, más del 95 por ciento a partir del 2007, es una consecuencia de la política implementada desde ese año, en México una persona desaparecida es quien está ausente y que se considera que está siendo víctima de un delito, como son: trata de personas, secuestro, reclutamiento forzado, feminicidio, entre muchas otras”.
La funcionaria federal detalló que Hidalgo es el sexto estado que se suma a la política pública nacional impulsada en la búsqueda e identificación de personas desaparecidas, pues aunque se tiene un porcentaje a nivel nacional positivo en localizar a las personas con vida, más del 93 por ciento, existe una crisis forense, pues hay cerca de 52 mil cuerpos sin identificar en el país, “es un número obtenido con base en solicitudes de acceso a la información, porque es difícil saber de cuántas personas estamos hablando”.
Esto, apuntó Quintana Osuna, deriva de la fragmentación de información, o la falta de ella, porque no se comparte, no se procesó desde las autoridades locales, por ello se tiene que iniciar con voluntad política que desde la Secretaría de Gobernación federal y el Ejecutivo local se genera con la firma de este documento, “habrá recursos desde gobierno federal para reforzar capacidad forense, el Centro Nacional de Identificación Humana de la Comisión es importante para la búsqueda e identificación de personas como política de estado con enfoque masivo recibimos todos los pasos de Hidalgo y los protocolos para identificar el esfuerzo, pero se tienen que sumar a esta política nacional donde se busca a todos, no uno por uno, antes no había voluntad política ni recursos para hacer frente a este tema como Estado Mexicano”.
Por su parte, el encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) Santiago Nieto Castillo, confirmó la presencia de grupos delictivos en la entidad derivado de las políticas públicas del 2006 y que anteriores gestiones no reconocieron, así como su incidencia en el rubro de personas desaparecidas, pues tan sólo en 2021 se tenían cuatro mil 853 carpetas de investigación relacionadas a esta incidencia delictiva, en 2022 mil 123 y en 2023, en el mes de enero, ascendió a 71 casos reportados.
Igualmente, apuntó el funcionario estatal, en Hidalgo se tiene un 80 por ciento de resultados al localizar a la persona con vida, sin embargo, se cuenta con 289 personas sin vida no identificadas en el Servicio Médico Forense (Semefo), 46 identificadas que no han sido reclamadas por sus familias y 90 restos óseos, por lo cual la idea es que con el apoyo de gobierno federal se tenga ese intercambio de información para identificar a estas personas y devolverlas a sus familias.
Destacó Nieto Castillo, que esto será posible a través del Centro de Resguardo Temporal de Cuerpos, así como el Banco de Datos Genéticos en Hidalgo, pues en este último ya se cuenta con la colaboración de 86 personas que aportaron sus datos genéticos; mientras que el centro de resguardo tendrá capacidad de 180 nichos, lo cual permitirá el estudio forense adecuado, el manejo digno de los cuerpos, así como en el área científica una investigación y análisis que permita una mejor planeación en la búsqueda y exhumación de restos óseos humanos para localizar a las personas desaparecidas.
Finalmente, el encargado de despacho de la PGJEH resaltó la firma de un convenio de colaboración con el Instituto Nacional Electoral (INE) para que a través de sus datos dentro del padrón electoral, específicamente en las huellas digitales, puedan cotejar si alguna de estas personas sin vida coincide con alguna de las personas no localizadas que han sido reportadas en los últimos años.