Contraloría investiga reporte de patrimonio de ex funcionarios

Entre estas indagatorias, que son alrededor de 20, se encuentra un ex secretario de la administración encabezada por el otrora gobernador Omar Fayad Meneses

Bardales adelantó que dentro de estos supuestos se encuentra un ex titular de Secretaría, sin detallar de quién se trata (Jorge Sánchez)
Pachuca; Hidalgo /

La Secretaría de la Contraloría de Hidalgo continúa las investigaciones de las cuentas que entregaron funcionarios de la pasada administración del gobernador Omar Fayad Meneses, luego de que se detectaron discrepancias en la evolución patrimonial y conflicto de intereses.

De acuerdo con el contralor del estado, Álvaro Bardales Ramírez, son alrededor de 20 casos de inconsistencias en las declaraciones patrimoniales y conflicto de intereses, presentadas por ex servidores públicos; así también, adelantó que en un par de meses se contará con el apoyo de la Secretaría de la Función Pública federal para analizar esta evolución patrimonial de todos los servidores públicos actuales y los que terminaron su gestión en septiembre del año pasado.

“Hemos observado situaciones para iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa, donde nos hemos percatado de discrepancias en la evolución patrimonial y conflictos de interés, no son muchos casos, trabajamos sobre 15 y 20 casos los que estamos en estudio y análisis; todos los casos que nosotros damos vista al Tribunal de Justicia Administrativa para sanciones de faltas graves, en todos hacemos revisión a sus declaraciones patrimoniales y evolución patrimonial con hallazgos que incorporamos a la revisión del patrimonio de cada uno”, manifestó.

Bardales adelantó que dentro de estos supuestos se encuentra un ex titular de Secretaría, aunque prefirió no detallar de quién se trata o su dependencia a cargo; igualmente, este tipo de indagatoria se revisa en el caso de su predecesor, el otrora contralor estatal, César Román Mora Velázquez, quien no necesariamente es el perfil señalado anteriormente.

“Hay servidores públicos qué enfrentan distintos casos o investigaciones, sanciones qué vamos a imponer desde la Secretaría de la Contraloría como la no presentación de declaraciones patrimoniales quienes van a enfrentar al Tribunal de Justicia Administrativa quien debe fincar responsabilidades y sanciones, pero un mismo funcionario puede enfrentar a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) por sanciones de carácter judicial, una persona puede ser sometido a las tres instancias y nosotros podemos dictar situaciones distintas desde la Contraloría”, sentenció.

Declaración patrimonial


De los 83 mil 798 funcionarios públicos activos al 31 de diciembre de 2022, presentaron su Declaración Patrimonial y de No Conflicto de Intereses 83 mil 57 sujetos obligados, lo cual representa el 99.12 por ciento de este padrón, informó el director general de Combate a la Impunidad de la Secretaría Contraloría, Jorge Eduardo Crespo Ramírez.

Respecto a los trabajadores del Ejecutivo local, adscritos a 78 áreas y dependencias, se cumplió con el 100 por ciento de los sujetos obligados, mientras que en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) acreditó el 99.77 por ciento de su plantilla, un total de dos mil 133 servidores públicos, esto al cumplir en tiempo y forma dos mil 128, restando cinco omisos.

En tanto el Sector Salud reflejó un porcentaje de cumplimiento del 99.24, es decir 12 mil 205 personas de un total de 12 mil 298, restando 93 omisas; la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), ascendió a 98.76 por ciento de cumplimiento, tres mil 27 de un padrón de tres mil 65 funcionarios públicos, reflejando una omisión por causas extraordinarias de 38 servidores; finalmente, la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) e Instituto Hidalguense de Educación (IHE), alcanzó el 98.61 por ciento, 42 mil 993 de un padrón de 43 mil 598, restando la omisión de 605 servidores públicos.

Los 741 sujetos obligados que no cumplieron con esta obligación en tiempo y forma, apuntó Crespo Ramírez, es personal que podría justificar esta falta, si se encuentra en los supuestos de hospitalización por enfermedad, suspendidos en el ejercicio del encargo o privados de libertad en Centros de Reinserción Social (Cereso); además aseguró que ninguna de estas personas ostenta un cargo directivo o superior en el organigrama estatal.

Van por sanciones

Finalmente, el director general de Combate a la Impunidad de la Secretaría Contraloría de Hidalgo aseguró que la dependencia indagará cada uno de estos casos de forma puntual, para que en caso de no existir una causa que justifique su omisión serán acreedores a una sanción conforme a lo establece la Ley, pena que va desde amonestación privada a la declaratoria de invalidez de su nombramiento, es decir que será removido de su cargo, esto ya que recordó que el gobernador Julio Menchaca Salazar adelantó que ningún funcionario público tendrá segundas oportunidades ante una falta.


  • Teodoro Santos

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