Con ocho votos a favor, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) desechó el procedimiento de remoción, integrado con motivo de la denuncia presentada por Morena en contra de los ex integrantes del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH): Augusto Hernández Abogado y Francisco Martínez Ballesteros; así como en contra del consejero Christian Uziel García Reyes y la consejera Miriam Saray Pacheco Martínez, por hechos que podrían configurar alguna de las causales de remoción establecidas en el artículo 102 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
La queja del partido guinda no procedió debido a que las investigaciones realizadas por el órgano electoral federal no reflejaron elementos, que siquiera de manera indiciaria, implicara actos que deriven en una causal grave previstas en el Reglamento de Remoción y que ameriten una sanción en contra de ambos integrantes que se mantienen activos dentro del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Hidalgo, además, una de las conductas denunciadas por Morena emana de la interpretación jurídica de los registros de candidaturas, la cual por sí sola es causal de improcedencia establecida en el artículo 40 párrafo primero fracción seis del documento del INE, informó el secretario general, Edmundo Jacobo Molina.
En lo que respecta a los anteriores consejeros electorales: Augusto Hernández Abogado y Francisco Martínez Ballesteros, la denuncia se declaró improcedente, debido a que el primero concluyó su encargo en septiembre del 2021; mientras que Martínez Ballesteros, lo destituyeron de su cargo a principios de este año, junto con la entonces consejera presidenta del IEEH, Guillermina Vázquez Benítez, ante las irregularidades suscitadas por el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del 2020.
Finalmente, cabe mencionar que las consejeras del INE: Adriana Favela Herrera y Claudia Zavala Pérez, votaron en contra de desechar el procedimiento de remoción; esto ya que Zavala Pérez, acusó falta de exhaustividad en las investigaciones, por lo cual se debía reevaluar la demanda de Morena en contra de Christian Uziel García Reyes y Miriam Saray Pacheco Martínez, para verificar si existió o no conflicto de intereses con algunas empresas, como acusó la fuerza política.