En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, Héctor Cerezo Contreras, coordinador del área de acompañamiento a víctimas del Comité Cerezo México, señaló que en Hidalgo no se tienen cifras de personas desaparecidas de manera forzada y apuntó que es la Comisión de Búsqueda de Personas la que debe de concentrar esa información.
“A la Comisión Estatal de Búsqueda le corresponde dar esas cifras de personas desaparecidas y explicar desde qué año, en qué municipios, cuántos son hombres, cuántas son mujeres, si son indígenas y cuáles son forzadas”, sostuvo.
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Lamentó que la Comisión sea un elefante blanco y una institución que se creó para más burocracia pues con ello, dijo, las familias acuden a más áreas para buscar a sus familiares desaparecidos, “pero realmente no han resuelto el gran problema, la pregunta es ¿cuántas personas desaparecidas han encontrado?”.
Mencionó que tan solo a nivel nacional se tiene un registro de 30 mil personas desaparecidas de manera forzada entre activistas, luchadores sociales y defensores de derechos humanos, de acuerdo con el Comité Cerezo México, que están documentadas en los estados de Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Michoacán.
“Y en cuanto a personas que no son activistas sociales, las cifras se trasladan al norte del país, Tamaulipas, Veracruz, Sinaloa, Guadalajara, Guanajuato, Querétaro; en Hidalgo no hay cifras”, dijo.
Cerezo Contreras puntualizó que la desaparición forzada surgió en un inicio como un método de represión política, “es decir, desaparezco al activista, al contrario, pero se ha ampliado y a partir del 2006 la desaparición forzada se utiliza también como un método de control social mediante el terror y empiezan a desaparecer a migrantes, a mujeres, a trabajadores porque es la mejor forma de generar terror en la población que desgraciadamente en México empezó en los 60”.
Subrayó que las víctimas de desaparición forzada tienen el derecho a ser buscadas, “es un nuevo derecho humano que se está impulsando, el derecho humano a ser buscado, toda familia tiene derecho a la verdad”.
Comentó que independientemente de la Comisión Estatal de Búsqueda, tras una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) las familias tienen derecho a que se cree una Comisión Especial de Búsqueda de su familiar.
“Las familias tienen derecho a saber quién se llevó a su familiar, a dónde, por qué, las familias tienen derecho a saber quiénes fueron los perpetradores de este grave crimen, la desaparición forzada es una grave violación a los derechos humanos que está considerado como un crimen contra la humanidad”, dijo.
Indicó que, a nivel nacional, de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda, hay 110 mil personas desaparecidas, sin embargo, enfatizó que la Comisión no precisa cuántas de ellas son víctimas de desaparición forzada.
“Es decir en cuántas de esas desapariciones fue el Estado quien se llevó a esas personas, las familias tienen derecho a la justicia, a una investigación rápida y expedita que dé con el paradero de los responsables, en México hay una Ley contra la Desaparición Forzada que penaliza de 40 a 60 años de cárcel a los funcionarios que cometen la desaparición forzada”, precisó.
Añadió que la Ley establece también que hay ocasiones en que particulares, con el consentimiento de funcionarios del Estado también desaparecen personas, “cuando el Estado o funcionarios, presidentes municipales, gobernadores, policía estatal, utiliza, mandata, paga a particulares para cometer desapariciones estamos hablando de desapariciones forzadas”.