Un freno al combate a la pobreza en la entidad y el desarrollo adecuado de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) representa la Ley de Obra Pública de Hidalgo, pues es obsoleta y genera trámites burocráticos innecesarios para la ejecución de acciones desde nivel municipal, señaló el delegado de los Programas para el Bienestar en Hidalgo Abraham Mendoza Zenteno.
Tras una reunión en la cual estuvo presente la directora general de Desarrollo Regional de la Secretaría del Bienestar, Cecilia Fernández Garelli, así como titulares de presidencias municipales y el titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva, Miguel Ángel Tello Vargas, surgieron inquietudes de parte de los ayuntamientos respecto a los trámites y validación de proyectos de obra pública, refirió el funcionario federal, ya que el documento establece que la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SOPOT) debe aprobar cada intervención, sin importar que el recurso sea del gobierno federal.
“Las inquietudes tienen que ver con los filtros tan tardados, la burocratización de los trámites o las validaciones de obra pública, la Ley de Obra Pública del estado data de mucho tiempo, tiene vicios y debe actualizarse, porque toda obra pública en el estado debe llevar aval o validación de la SOPOT, hace muchos años en algunos municipios no tenían capacidad para llevar esas acciones, pero, hoy en todos lados hay profesionistas y gente capaz de hacer la labor en cada uno de los municipios”, manifestó.
Igualmente, destacó Mendoza Zenteno, durante la reunión con Fernández Garelli y Tello Vargas, se acordó una alineación de estos proyectos que serán impulsados por el FAIS con el Plan Estatal de Desarrollo (PED) y Plan Nacional de Desarrollo, además de que se visualice qué se requiere para mejorar la operación de este fondo en Hidalgo, para que se ministre mensualmente la transferencia de recursos como manda la Ley en estas partidas presupuestales.
“No pueden ejecutar obra pública porque les hace falta la validación técnica respectiva, los únicos responsables de este fondo en caso de una auditoría son los ayuntamientos, se requiere coordinación y alinear los planes de desarrollo para abatir la pobreza”, sentenció.
Finalmente, aunque Abraham Mendoza no detalló los municipios o las personas, comentó que al menos dos integrantes de ayuntamientos le externaron sobre presión al momento de adjudicar la obra, “imponer la contratación de empresas de parte del gobierno estatal”, lo cual refleja falta de transparencia y un fomento a la corrupción, “entre más ágiles y transparentes sean los trámites, se combate la corrupción”.