Tres gobiernos municipales de Hidalgo ofrecieron devolver recursos económicos como parte de las investigaciones que realiza la Procuraduría de Justicia estatal y la Contraloría, dentro de la acusación por una presunta red de corrupción en ayuntamientos, confirmó el contralor Álvaro Bardales Ramírez.
Aunque no detalló cuáles fueron los municipios, pues se mantiene presunción de inocencia y secrecía, indicó que dicha acción no sólo se presentó ante la dependencia que encabeza, sino también ante la Procuraduría.
“Tres personas se han acercado, no solamente a mí, a los auditores, a la PGJEH, porque tienen parte de esos recursos y han ofrecido reembolsarlos porque lo tienen, es decir que no lo usaron, son tres presidencias, eso estará sucediendo esta semana, si es que así lo deciden ellos”, apuntó.
Cabe recordar que la investigación en esta red de corrupción denominada por el gobierno estatal como la “estafa siniestra” involucra a 13 ayuntamientos y dos secretarías de la anterior gestión, en cuanto al monto de recursos que se malversó asciende a 522 millones de pesos; bajo ese contexto, Bardales Ramírez refirió que el resto de las presidencias municipales erogaron el recurso, “las otras 10 se gastaron todo, porque en los reportes de cuenta pública de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH), aparecen ya en los reportes que fueron comprobados, pero con documentación que no es la apropiada”.
Los recursos, aclaró el contralor estatal, emanan de recursos extraordinarios que se solicitaron en su momento al gobierno estatal, “el estado se los dio para un fin específico y no lo utilizaron, entonces nos da la facultad a la Contraloría de poder intervenir contra las personas, ya no vamos en calidad de que son servidores públicos del ayuntamiento, vamos en calidad de personas que utilizaron un recurso que se les dio para un fin específico”; esto ya que al menos se detectó la participación de seis personas por ayuntamiento en esta malversación de recursos públicos.
“Las personas involucradas de los ayuntamientos son dos, que son presidente y tesorero que tendrán que enfrentar en su caso una denuncia de carácter judicial, eso lo ve la PGJEH directamente contra ellos, pero los demás que nada más participaron en una acción ilegal pero no tuvieron un beneficio económico o especial, esos serán sancionados por la vía administrativa, esto a través de la Contraloría o de los Órganos Internos de Control; hasta el día de hoy no han comprobado los recursos en ninguno de esos 13 municipios, son 522 millones de pesos, y en cada municipio hay seis personas involucradas, principalmente trabajadores, no regidores, ellos son los que han denunciado”, sentenció.