El Instituto Hidalguense para Devolver al Pueblo lo Robado (IDEP) contará con los recursos indispensables para iniciar su operación en este mes de febrero, aseguró la titular de la Secretaría de Finanzas Públicas de Hidalgo María Esther Ramírez Vargas, esto pese a que no se contempla una partida presupuestal específica para este nuevo órgano del Ejecutivo estatal.
Se contempla un número reducido de plazas para operar de forma adecuada este instituto, detalló la funcionaria estatal, la cual asciende a 12 o 15 personas adscritas a éste, mismas que se asignarán a través de una reingeniería de otras áreas para cubrir el personal indispensable, lo cual garantiza una optimización de recursos.
“No incrementan las plazas para que no genere una carga adicional en materia presupuestaria, la instrucción del gobernador Julio Menchaca Salazar es optimizar los recursos y no se tiene contemplado un incremento de recursos, no se incrementó el número de plazas en el paquete hacendario, es una reingeniería de personal lo que está considerando, optimizar los recursos que ya se tienen”, sostuvo.
Aunque no detalló las áreas en las que desarrollarán dicha modificación, sí adelantó Ramírez Vargas que se contemplan cerca de 12 a 15 plazas dentro del IHDPR, es decir, sólo las estrictamente indispensables para operar, “hacer más con menos”; al igual que en sus gastos de operación para que inicie su labor en este mes de febrero como mandata la Ley.
En cuanto a las instalaciones que albergarán a este órgano nuevo, apuntó, se evalúa en conjunto con la Oficialía Mayor del estado las posibles sedes, ya que no pretenden erogar recursos en la renta de un inmueble, sino utilizar espacios que son del gobierno de Hidalgo para tener las mejores alternativas y mejorar el uso de recursos públicos.
Finalmente, María Esther Ramírez refirió que el recurso que tendrá disponible el IHDPR, resultado del decomiso o recuperación de bienes por las investigaciones por delitos de corrupción o malversación de recursos públicos, será conforme a lo que establece la Ley; aunque tanto el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, como el encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), Santiago Nieto Castillo, adelantaron que el monto asciende a más de 100 millones de pesos, resultado de las investigaciones y acciones penales derivados de la denominada “estafa siniestra”.