El Plan Estatal de Desarrollo para Hidalgo en su período 2022-2028 contempla como meta en el rubro de combate a la corrupción una reducción superior al 50 por ciento en los índices obtenidos en el 2021, esto a través de indicadores estratégicos; enuncia el documento publicado en el Periódico Oficial del Estado (POEH) el pasado primero de enero.
De acuerdo al documento, se establece la transparencia y rendición de cuentas, como principios fundamentales de la administración que encabeza el gobernador Julio Menchaca Salazar; además de algunas acciones para prevenir y combatir de forma efectiva la corrupción que ha saqueado al pueblo de la entidad.
Para garantizar cero impunidad a la corrupción, detalla, “deben realizar auditorías exhaustivas de los gobiernos pasados, y que aquellos que han saqueado al erario público respondan ante la justicia, así como darle continuidad asegurando el correcto seguimiento a la normativa”, (sic); así como promover la transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública.
El indicador estratégico denominado “tasa de prevalencia de corrupción al realizar un trámite personal”, el cual, detalla el documento, mide las experiencias de corrupción registradas en trámites, pagos y solicitudes de servicios públicos, así como otro tipo de contactos con servidores públicos en descripción áreas urbanas por cada 100 mil habitantes, y del cual se tiene un promedio de nueve mil 350 habitantes afectados en 2021; será una medición idónea para evaluar la eficacia de las acciones en materia de anticorrupción que serán implementadas en la administración, teniendo como meta al 2028 una reducción a cuatro mil 700 casos, y una proyección al 2040 de sólo dos mil incidencias.
Igualmente, dentro del fortalecimiento al Sistema Estatal Anticorrupción, el cual no sólo permite la prevención y combate efectivo contra la corrupción, sino también regresar la confianza de la población en las autoridades; prevé una reducción del 50 por ciento en los índices reflejados en el 2021, esto a través de una visión participativa, fortaleciendo su implementación, funcionamiento y seguimiento.
Para este efecto, se cuenta con el indicador estratégico que mide el porcentaje de la población de 18 años y más que ha sido víctima de corrupción, es decir, “mide el nivel en que la población piensa que la corrupción es una práctica que ocurre de manera frecuente o muy frecuentemente entre los servidores públicos o empleados del gobierno, quienes son percibidos de abusar de sus funciones para obtener beneficios personales”, (sic).
Hasta el 2021 se reflejó un porcentaje del 9.4 por ciento; estableciendo una meta para 2028 de sólo el 4.3 por ciento de hidalguenses que señalen esta actividad ilícita, y una proyección al 2024 de sólo el dos por ciento; “el indicador es pertinente para determinar los avances en el fortalecimiento del sistema estatal anticorrupción, haciendo énfasis en la confianza hacia las autoridades”, (sic).