Luego de que un juez de control determinó suspender el proceso penal en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por el caso de Agronitrogenados, porque supuestamente ya existe una reparación del daño, el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, aseguró que eso no significa que los procesos contra el ex funcionario hayan acabado.
“Es importante decir que esto de ninguna forma implica el que se haya acabado, además de que existen los procedimientos de extinción de dominio que el ministerio público ya ha planteado frente a los órganos especializados en materia civil para poder exigir el dominio de los inmuebles que fueron producto de la corrupción de Emilio Lozoya durante el gobierno de Enrique Peña Nieto”, explicó Nieto en entrevista con Elisa Alanís para MILENIO Televisión.
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Además, recordó que falta que se le procese por el caso de los sobornos a la empresa brasileña Odebrecht.
Nieto Castillo admitió que, en efecto, un acuerdo reparatorio puede beneficiar a los coacusados, pero advirtió que “hay que ver cuál es el tipo de imputación que recibió cada uno de los acusados en razón de que se trata de conductas diferentes”.
Para él, el pago que hizo Alonso Ancira, ex director de Altos Hornos de México por la compra de Agronitrogenados, es de una calidad distinta a la de Lozoya porque éste era servidor público y no el dueño de una empresa.
“Por supuesto que el Código Nacional de Procedimientos Penales permite la suspensión provisional del proceso, pero también es cierto que esto se puede revocar si no hay el cumplimiento de parte de alguna condición que haya sido impuesta por el juez de control”, aclaró.
Caso Odeberecht
Sobre el caso de Odebrecht, Nieto recordó que es una acusación amplia, pues se trata tanto del tema de financiamiento ilícito a la campaña electoral, como el asunto de la contratación masiva, el cohecho internacional y el probable desvío de recursos.
“Hay que recordar que la UIF, en su momento, presentó una denuncia de más de 3 mil millones de pesos que habían sido contratados por Pemex a la firma brasileña en los primeros cuatro años del gobierno de Enrique Peña Nieto, que corresponden con los años de la administración de Emilio Lozoya, y que la UIF, tanto en la anterior administración como en la actual, se ha negado a que exista un acuerdo reparatorio que no sea integral respecto a las afectaciones que se tuvieron”, dijo.
Además, recordó, implica juzgar el hecho de que una parte de los 3 mil millones de pesos pagados a Odebrecht era retirado en efectivo y transferido a estados donde había procesos electorales.
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