Después de poco más de siete meses de que culminó la elección para renovar la gubernatura de Hidalgo, celebrada el pasado cinco de junio, el Tribunal Electoral del Estado (TEEH) desechó la demanda dentro del Procedimiento Especial Sancionador (PES), bajo expediente TEEH-PES-140-2022, en contra de la otrora abanderada de la coalición “Va por México”, Carolina Viggiano Austria, y el diputado local del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Ángel Martínez Gómez.
El órgano jurisdiccional local rechazó la existencia de actos anticipados de campaña, así como la vulneración del artículo 134 constitucional, a través de la violación de los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad en la contienda electoral, además del uso de recursos públicos, así como la publicación de contenido en redes sociales.
Aunque se acreditó mediante oficialía electoral del 26 de junio la existencia de estas publicaciones, apuntó el magistrado Leodegario Hernández Cortez, derivado de diversas actividades los días: 20 de marzo; 3, 24, 25 y 30 de abril; así como 8 y 9 de mayo de 2022, se acreditó que tanto la ex candidata como el legislador local no solicitaron viáticos ni usaron recurso material o financiero para el desarrollo de estas actividades, además de que se realizaron en días no laborales, domingo, con excepción del 25 de abril y 9 de mayo, pero no descuidaron las funciones derivadas del cargo que ostentan.
Finalmente, no se advierten circunstancias de modo, tiempo y lugar que acrediten actos de campaña, así como vulneraciones a la norma electoral o la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, por lo cual se desechó la demanda.
En tanto al resolver el Incidente de Sentencia del Juicio para la Protección de los Derechos Políticos y Electorales del Ciudadano (JDC), bajo expediente TEEH-JDC-123-2022-INC-1, promovido por la regidora de Pachuca Olivia López Villagrán, la magistrada presidenta del TEEH Rosa Amparo Martínez Lechuga, declaró cumplida la sentencia principal en la cual se ordenó al ayuntamiento incluir el Acuerdo Económico donde la asambleísta solicita la comparecencia de diversos funcionarios públicos para conocer el avance y distribución de los recursos del municipio.