Un capricho no puede ser motivo de que se mantenga como rehén a la transparencia, sentenció la comisionada del Instituto Nacional Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales (INAI) Norma Julieta del Río Venegas, esto ante la demora del Senado de la República en la designación de las tres personas que se integren al pleno del órgano garante, o al menos de una para poder sesionar y resolver los cerca de 600 Recursos de Revisión de Acceso a la Información (RRAI) que mantienen pendientes.
De igual forma, Julieta del Río informó sobre la controversia constitucional interpuesta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual recayó en la ponencia de la ministra Loretta Ortiz Alhf, donde se demanda la suspensión de la norma que impide que cuatro miembros del pleno puedan sesionar para atender las impugnaciones de la ciudadanía, así como para que desde la SCJN ejerzan presión al Senado de la República para dar celeridad a la designación de las personas que ocuparán las tres vacantes de este órgano colegiado.
“La controversia que ingresamos va en dos sentidos, que concediera la suspensión para poder sesionar cuatro integrantes en lugar de cinco, y para que la SCJN presione al Senado de la República, ya fue recibida, cayó en la ponencia de la ministra Loretta Ortiz, confiamos en que honrará la separación de poderes e imparcialidad de la SCJN para que conceda la suspensión, pero también hemos escuchado y platicado con el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, así como con el presidente del Senado de la República, Alejandro Armenta Mier, quienes declararon que ya se iban a nombrar; esperamos que lo hagan en este mes y celebrar al final del mismo que el país tiene transparencia”, manifestó.
Desinformación afecta directamente al Inai
Por otro lado, la comisionada del Inai Norma Julieta del Río Venegas, acusó a un grupo radical de fanáticos del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de generar desinformación, falacias, acusaciones infundadas y concesión de atribuciones al órgano garante, lo cual genera “mala vibra” de parte de algunos perfiles del Ejecutivo federal, así como de algunos sectores de la ciudadanía, por estas campañas de desprestigio en redes sociales y algunos medios de comunicación.
“Somos respetuosos de los poderes, creo que hay mucha desinformación, mucha mala vibra al Inai de parte de un grupo cercano al presidente de la República, no le dicen realmente cuáles son las funciones del Inai, el órgano garante no solicita información, interviene cuando un ciudadano o ciudadana solicita información pública y si se le niega nosotros analizamos y si es información pública ordenamos entregarla es el único trabajo; no es algo personal pues tenemos ocho mil 246 sujetos obligados que vigilar, si fuera una situación similar tendríamos el mismo número de enemigos, pero nosotros tenemos contacto y trato cordial con todas las dependencias de gobierno y los sujetos obligados”, apuntó.
En cuanto a este grupo que calificó como “radical” que mantiene estos ataques contra el Inai, consideró Julieta del Río, la mejor acción es la indiferencia y omisión de respuesta a sus mensajes, pues en muchos casos son sólo “bots” que no ayudan al presidente de la República con su actuar; y en caso de que la SCJN no conceda la suspensión de la Ley para que puedan resolver las impugnaciones pendientes, “estaríamos en una situación grave en el país con el Inai, insisto, no pueden hace rehén a la transparencia por un capricho, quien dice estar en contra de la corrupción tiene que estar a favor de la transparencia”.
Finalmente, la comisionada del Inai refirió que dentro de los cerca de 600 RRAI pendientes de aprobación del pleno, ya que muchas ya cuentan con una resolución, se encuentran solicitudes de información a las dependencias como Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Diconsa, Fiscalía General de la República (FGR), quienes omitieron una respuesta o catalogaron de forma indebida información como datos personales o confidencial para no entregar la misma, por lo cual se sigue afectando de forma directa el derecho de la ciudadanía al acceso a la información.
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