La reforma al Poder Judicial no está firme, porque puede ser rechazada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debido al desaseo que existió en todo el proceso legislativo, señaló el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés.
Sostuvo que existe un intento por someter al Poder Judicial que pone en riesgo el Estado de Derecho, la división de Poderes y la democracia mexicana.
- Te recomendamos MC no asistirá a insaculación para elegir candidatos del Poder Judicial; PRI "supervisará" proceso Política
El también senador panista advirtió de todos los elementos legales con los que se cuenta y que pueden echar para atrás la reforma, citando los amparos con suspensiones definitivas, la controversia constitucional ya aceptada a discusión del gobierno de Guanajuato y de varios ayuntamientos panistas, así como una acción de inconstitucionalidad ya turnada para su análisis, debido a que el procedimiento legislativo “fue un completo desaseo y la reforma constitucional vulnera al Poder Judicial, afectando la progresividad de derechos y las garantías individuales, así como los compromisos suscritos por México en tratados comerciales y en diversos organismos internacionales, particularmente en materia de derechos humanos”.
“Rechazamos por completo la insaculación de jueces y magistrados mediante una tómbola, decidiendo así qué cargos serán votados en 2025 y cuáles en 2027, porque se trata de un proceso viciado y sin reglas electorales”, indicó.
Además, Cortés Mendoza criticó que durante la sesión de este sábado “mostraron un procedimiento aberrante y lamentable para México, porque utilizaron una tómbola para decidir la justicia en el país. “No se puede hacer un proceso electivo de jueces y magistrados cuando existen amparos con suspensiones definitivas y ya fue turnada la acción de Inconstitucionalidad del Partido Acción Nacional y admitida la controversia constitucional del estado de Guanajuato”, comentó.
Asimismo, recordó la acción de inconstitucionalidad que en su calidad de dirigente nacional presentó la semana pasada, donde impugnó las violaciones al proceso legislativo, como la falta de cumplimiento de suspensiones dictadas por juzgadoras y juzgadores que mandataron cesar el proceso legislativo, vicios procesales como la falta de identificación veraz de quienes participaban durante la sesión y las votaciones en la Cámara de Diputados, la ilegalidad en la instalación de órganos en el Senado y el atípico e ilegal fast track en la aprobación de Congresos estatales.
También, se busca impugnar la falta de deliberación efectiva que garantice la libre determinación de las comunidades indígenas y la omisión de actuar como parlamento abierto ante la falta de diálogo con integrantes del Poder Judicial, tanto a nivel federal como local, así como diversos conflictos de convencionalidad que que se estarían generando.
Pero no solo eso, añadió, “se vulnera el orden jurídico y la división de Poderes, con acciones como la del Consejo de la Judicatura por entregar las listas de quienes se someterán a voto popular en 2025, pese a que existen más de 70 suspensiones vigentes”.
En este sentido, agregó que lo peor que le puede pasar a México es que el gobierno desconozca al Poder Judicial. “Esto traería consecuencias desastrosas para el país, pues provocaría un choque de Poderes y una crisis institucional”, añadió.
LP