El diputado local del PAN, Luis Susarrey, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y municipios de Nuevo León, con el fin de que el Gobierno del Estado indemnice a los ciudadanos que les implique una carga económica la falta de agua en sus hogares.
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En conferencia de prensa, Susarrey dijo que se adiciona el artículo 14 Bis a la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y Municipios de Nuevo León, dado que hay obras municipales que bloquean el acceso al agua, como es el caso de San Pedro.
“Como saben vivimos una crisis del agua, ha habido cortes injustificados, te cortan el agua y nada más, hay familias que contratan pipas, en otros casos llenan tinacos o cisternas, en otros casos consiguen a cubetazos para tratar de surtir este vital líquido", dijo.
“El gobierno no repone los gastos y no hay una responsabilidad, cuando salen recibos a precios injustificados porque no te dan derecho de réplica y puede ser falla, no necesariamente fuga, esta reforma es importante para que se reconozca como actividad irregular del estado y que lo corte injustificadamente y que el gobierno tenga la obligación de indemnizarte”, señaló el diputado.
El Artículo 14 Bis establece que la falta de suministro de agua se considera como actividad irregular del Estado y bastará que el ciudadano compruebe mediante factura la erogación de un recurso económico para satisfacer este derecho.
La autoridad responsable, dijo Susarrey, tendrá 5 días hábiles para indemnizar al ciudadano por la erogación del recurso utilizado para el suministro de agua conforme a las bases, límites y procedimiento señalados en la presente ley.
En caso de que la autoridad trate de negar la indemnización por otras razones, se considerará responsabilidad del servidor público y se sancionará conforme a lo establecido en la legislación correspondiente.
“El ciudadano deberá presentar una factura que compruebe que tuvo que hacer un gasto extra para satisfacer su derecho al agua y así tenga derecho a una indemnización pronta y justa", mencionó.
“Este es un problema que tiene que ver con la negligencia de las autoridades. El derecho humano al acceso al agua no puede seguir siendo vulnerado” concluyó Susarrey.