Exige PAN acciones contra ecocidio de La Huasteca

El diputado federal Hernán Salinas Wolberg señaló que el Gobierno Estatal cuenta con las facultades para sancionar a los responsables del ecocidio de La Huasteca.

Hernán Salinas Wolberg , diputado federal del PAN. Foto: Jorge López.
Carolina León
Monterrey /

El Partido Acción Nacional (PAN) en el estado denunció ante la Procuraduría Estatal de Desarrollo Sustentable el desmonte y las acciones ilegales que se están realizando en la Huasteca.

El dirigente estatal del PAN, Mauro Guerra Villarreal, en compañía de Hernán Salinas Wolberg y Claudia Caballero Chávez, legisladores federal y local, respectivamente, presentaron la denuncia.

Guerra Villarreal comentó que es indispensable que el Gobierno del Estado ponga manos en el asunto y no evite su responsabilidad, y aprovechó para manifestar que la Procuraduría estatal tiene las atribuciones necesarias para atender el problema.

“Queremos que se tomen acciones en el tema de La Huasteca. No podemos permitir que el Gobierno del Estado se quiera desatender, quiera responsabilizar a otras autoridades, siendo que ellos tiene los elementos para hacer y actuar de manera concreta para impedir lo que está sucediendo en La Huasteca”, indicó.

Por su parte, el diputado federal señaló que desde hace varios años las autoridades no han emitido permisos de construcción para dicha zona, y refirió que las edificaciones que están en La Huasteca no cumplen con el requisito de Manifiesto de Impacto Ambiental, por lo que puntualizó que es más sencillo ir tras los responsables.

“Cualquier acción de urbanización en La Huasteca requiere un documento y aprobación que se llama Manifiesto de Impacto Ambiental, es algo que debe de otorgar la Federación y el Estado, sin embargo, no hay para esta zona”, mencionó Salinas Wolberg.

Además, reiteró que la dependencia estatal tiene las contribuciones necesarias para atacar el problema, en caso de que las investigaciones que emprenda den como resultado que no existen los manifiestos, las autoridades pueden proceder a clausurar los lugares, así como ser acreedores a una multa e incluso hasta tener 36 horas de arresto administrativo.

Mientras que Caballero Chávez aseguró que entabló una plática con Blanca Mendoza Vera, titular de la Profepa, y que les confirmó que estarían viendo este asunto.

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