El presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Felipe Fernando Macías, calificó de inconstitucional el proyecto de Morena para “blindar” las reformas de la llamada cuarta transformación, estableciendo que, cuando el pleno de la Suprema Corte no alcance ocho de 11 votos para declarar inconstitucional algún ordenamiento, éste tendrá validez y no podrá ser impugnado mediante demanda de amparo.
El legislador del PAN acusó a la mayoría morenista de convocar de manera ilegal a la comisión para discutir y votar el dictamen el próximo jueves.
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Macías negó categóricamente que el proyecto de dictamen haya sido redactado por la Comisión de Justicia y dejó claro que no se prestará a dictaminar una iniciativa inconstitucional.
“No tenemos ningún dictamen y no es voluntad de la Comisión de Justicia dictaminar esa iniciativa (…); es inconstitucional y no vamos a permitir que con una ilegalidad se pretenda torcer las leyes para vulnerar la autonomía del Poder Judicial y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, puntualizó.
El proyecto de Morena prevé modificar los artículos 42, 43 y 72 de la Ley Reglamentaria del artículo 105 constitucional para acotar los efectos de las sentencias de la Suprema Corte sobre acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales.
A propuesta del legislador de Morena, Juan Ramiro Robledo, la bancada guinda plantea que, en el caso de no alcanzar mayoría calificada de al menos ocho votos, las resoluciones de los ministros sobre la inconstitucionalidad de alguna norma derivarán en la validez de la misma.
“En aquellas controversias respecto de normas generales en que no se alcance la votación mencionada en el párrafo anterior, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarará desestimadas dichas controversias y consecuentemente la validez de las normas impugnadas, contra las que no procederá juicio o recurso alguno”, puntualiza.
Establece asimismo que, en esa hipótesis, los juzgados no podrán admitir ya demandas de amparo ni cualquier otro recurso.
“Las autoridades jurisdiccionales no podrán invocar las razones justificativas de sentencias no aprobadas para invalidar, anular o desaplicar actos o normas generales, ni para admitir demandas de amparo, juicio o recurso alguno”, agrega.
El diputado Felipe Fernando Macías advirtió, sin embargo, que la oposición en su conjunto no permitirá el atropello de Morena y aliados para aprobar en fast track dicha reforma.
IOG