A fin de establecer candados para que los deudores alimentarios no vendan o traspasen su patrimonio para evitar cumplir con su obligación como padres, las diputadas del PAN, Claudia Caballero e Itzel Castillo, presentaron hoy una iniciativa de reforma al Código Civil de Nuevo león.
En conferencia de prensa, Claudia Caballero, diputada local del PAN, explicó que la propuesta trata de una adición de los párrafos segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo al artículo 309 de la mencionada normativa.
“Hemos visto cómo, en estos años, han aumentado críticamente las carpetas de investigación, ante la falta de este cumplimiento, ante la orden de un juez. En 2025 cerramos con 825 carpetas por este tema. Y la verdad es que duele y, pues, bueno, tenemos que actuar de alguna manera. La iniciativa va a permitir dar esa certeza para que los padres que no cumplan con esta resolución de un juez, que es dar esta pensión, poder bloquear, por así decir, lo pongo entre comillas, alguna venta de un terreno, algún traspaso y declararse en bancarrota”, indicó Caballero Chávez.
Itzel Castillo dijo que buscan la protección de los niños y niñas de Nuevo León.
“Es reforma al Código Civil, pero ya hemos presentado diversas iniciativas en la Ley de Expedición de Licencia, en las diferentes leyes, obviamente para hacer valer los derechos de nuestras niñas y niños, que en su momento un padre - lo puede decir así- un padre desobligado, no se preocupa por sus hijos”, refirió.
Se propone que el juez ordene al Registro Público de la Propiedad que se anote el certificado respectivo en los folios reales de que sea propietario el deudor alimentario, debiendo informar si fue procedente la anotación.
Luego, el Registro Público de la Propiedad verificará el Registro Estatal Obligaciones Alimentarias para que en caso de que el deudor alimentario pretenda adquirir, transmitir, modificar, limitar, extinguir la propiedad o posesión de bienes raíces o cualquier derecho real deberá informar al juez para que este resuelva lo que a su derecho corresponda y no podrá realizarse la inscripción.
En el 2025, según las diputadas, la Fiscalía General de Justicia del Estado ha acumulado 604 denuncias por falta de pago de pensiones alimenticias.
mrg