El Grupo Parlamentario del PAN pidió considerar como falta administrativa grave la omisión de enterar cuotas, aportaciones, cuotas sociales o descuentos al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), a quien arrastra una cartera vencida de 5 mil 694.7 millones de pesos.
La diputada Miriam Escalona Piña propuso reformar la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios para combatir la omisión de aportaciones al ISSEMyM y ponerla al mismo nivel que el cohecho, peculado, desvío de recursos o abuso de funciones para que sea castigado con rigor.
Estos ajustes, añadió, son necesarios para que el catálogo de faltas administrativas graves esté completo y con elementos suficientes para que este tipo de conductas no queden impunes, pues estas omisiones no solo afectan las finanzas del instituto, sino también implica un severo perjuicio para las personas trabajadoras porque se traduce en restricciones para el acceso a un servicio de salud de calidad.
Las personas responsables de esta falta serían las y los titulares de las dependencias y entidades, sus oficiales mayores o equivalentes y los servidores públicos encargados de realizar las retenciones y descuentos, quienes hasta el momento no tienen responsabilidad por incumplir sus obligaciones.
Los que le deben al ISSEMyM
Los últimos datos disponibles señalan que 36 municipios tienen adeudos con el Instituto, con un monto de 494.6 millones de pesos; así como 23 organismos de agua con un adeudo de 715.2 millones; 12 organismos auxiliares estatales con 154.5 millones de pesos; además de un organismo municipal; tres cuerpos de guardias de seguridad con 4 mil 269.5 millones; 38 organismos municipales de deporte con 16.4 millones y 49 sistemas municipales DIF con 43.3 millones.
La Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios tiene contempladas como prestaciones de carácter obligatorio: los servicios de salud que hacen referencia a la promoción a la salud y medicina preventiva, atención de enfermedades no profesionales y maternidad, rehabilitación y atención de riesgos de trabajo; pensiones y seguros por fallecimiento.
Para lograr dichas prestaciones obligatorias que tiene el Instituto, recordó la legisladora panista, las cuotas de las y los servidores públicos y las aportaciones que cubren las instituciones públicas, son los principales ingresos.
La iniciativa de ley fue remitida a comisiones para su análisis, junto a otras relacionadas con el mismo tema, donde se propone que esta omisión sea considerada un delito.
MMCF