La senadora Sasil de León Villard informó que durante los meses de marzo y abril, la actividad maliciosa en internet se incrementó en un 14 por ciento. Ante esto urgió al gobierno federal a informar sobre el estado de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, puesta en marcha en el 2017.
Mediante un punto de acuerdo, la legisladora del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social (PES) recordó que la Dirección General Científica de la Guardia Nacional reportó una disminución del 12 por ciento en la actividad maliciosa entre diciembre de 2019 y febrero del 2020, pero que en los meses posteriores repuntó.
Por lo tanto, consideró que es importante actualizar la Estrategia Nacional de Ciberseguridad después de tres años de su creación, frente a la dinámica derivada del covid-19.
El punto de acuerdo, que fue turnado a la Comisión de Seguridad Pública, pide exhortar al Ejecutivo federal a que informe, a través de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo del Gobierno Electrónico, el estatus actual de dicha Estrategia Nacional.
“La seriedad del tema parte de la necesidad de comprender el ciberespacio como un fenómeno que representa riesgos y amenazas a la dignidad e integridad de las personas, así como a la credibilidad, reputación y patrimonio de las empresas y que conlleva un riesgo a las instituciones públicas, a la seguridad pública e incluso la seguridad nacional”, argumentó.
Explicó que la estrategia de ciberseguridad es un instrumento vivo, pensado para evolucionar conforme a las necesidades de la sociedad, en el que los datos y estadísticas arrojados a partir de su implementación, permitirán cumplir con uno de sus principales atributos: la capacidad de adaptación y la mejora continua.
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Otras características del mecanismo son la colaboración conjunta de actores para elaborar una metodología de diagnóstico nacional sobre riesgos y amenazas en el ciberespacio; además de estadísticas de implementación e impacto en los sectores económicos, políticos y sociales, agregó.
Dijo que, por la naturaleza de la estrategia, ésta debe abarcar todo el territorio nacional, e implementarse desde el Ejecutivo Federal con la vinculación de las diferentes partes interesadas, en la sociedad civil, el sector privado, las comunidades técnica y académica e instituciones públicas de los distintos poderes y de los diferentes órdenes de gobierno, incluida cualquier institución pública con autonomía.