El pasado 5 de junio la Comisión Permanente del Congreso de la Unión declaró constitucional la reforma que modifica 9 artículos de la Carta Magna para dar a las mujeres la mitad de los cargos de decisión en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y en los organismos autónomos.
Ahora tiene un plazo de un año, a partir de la publicación del decreto sobre paridad de género, para realizar las adecuaciones normativas correspondientes y hacer realidad la inclusión de más mujeres en cargos de poder.
La investigadora del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, Lorena Vázquez Correa, afirmó que para que las reformas secundarias se concreten en el plazo marcado se necesitará la presión de la sociedad civil, de académicas, parlamentarias, funcionarias y defensoras de los derechos políticos.
Tras la declaratoria, explicó, la aplicación del principio de paridad será de forma progresiva como lo marcan los artículos transitorios del decreto, por ejemplo, en los nuevos nombramientos en las secretarías de Estado y en el proceso electoral 2020 donde habrá comicios locales en Hidalgo y Coahuila.
El primer paso, indicó la maestra en Estudios Sociales, será reformar normas secundarias, entre ellas las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales, y de Partidos Políticos; la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y las normas que rigen a cada órgano constitucional autónomo.
Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, ocho mujeres tomaron las riendas de ocho de las 18 secretarías de Estado. Sin embargo, en mayo la cifra cambió a siete debido a que Josefina González Blanco renunció a Semarnat y en su lugar se designó a un hombre.
En este terreno la reforma en materia de paridad de género modificó el artículo 41 constitucional, para establecer que los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de Estado deberán observar el principio de paridad de género, tanto en el nivel federal como en las entidades.
Esto significa, explicó Vázquez Correa, que los nuevos gobiernos estatales que se conformen deberán tener gabinetes paritarios y que el gabinete federal se debe apegar a este principio. Incluso López Obrador debe atender la Constitución aun cuando no estén listos los cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Otro avance que destacó la especialista en género y participación política, son los nombramientos en cargos jurisdiccionales y organismos autónomos porque la reforma garantiza transparencia en los procesos de designaciones y deja la posibilidad de institucionalizar procedimientos con convocatorias y requisitos.
La paridad aplicará en la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que hoy tiene 11 ministros pero solo dos son mujeres; en las siete salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde hay 25 magistrados de los cuales ocho son mujeres; y en el Consejo de la Judicatura Federal, donde hay siete consejeros, dos de los cuales son mujeres.
Con los cambios se adicionó un párrafo octavo al artículo 94 constitucional, según el cual la integración de los órganos jurisdiccionales será mediante “concursos abiertos observando la paridad de género”. En estos cargos, señala, habrá un cambio de fondo porque se trata de concursos donde se deberá garantizar el derecho de las mexicanas de participar en igualdad de condiciones.
Otros espacios donde no era obligatoria la participación de las mujeres son los organismos autónomos, como el Banco de México, el Instituto Nacional Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
También se encuentra la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la Fiscalía General de la República, entre otros.
Para Vázquez Correa, México demostró que la implementación de la paridad puede ser un éxito, como sucedió después de 2014 cuando por ley se obligó a los partidos políticos a postular a 50 por ciento de mujeres en candidaturas a senadurías y diputaciones federales y locales.
La SCJN determinó el pasado 9 de mayo al resolver la acción de inconstitucionalidad 1/2016, promovida por el INAI, demandando la invalidez de diversas disposiciones de la ley de transparencia de Tabasco, que los organismos autónomos deben conformarse de manera paritaria.