De los 3 mil 800 millones de pesos que el INE estima erogar para el proceso de revocación de mandato del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, entre 10 y 13 por ciento será destinado para organizar la consulta en el territorio mexiquense, donde podrán participar más de 12.3 millones de mexiquenses.
En entrevista con MILENIO Estado de México, el vocal de la Junta local del INE en la entidad, Joaquín Rubio Sánchez, dio a conocer que mientras se reúnen las firmas de apoyo para definir si hay o no consulta, ellos están organizando todo para que muy probablemente el 27 de marzo se lleve a cabo este ejercicio.
Petición de firmas
Del 1 de noviembre y hasta el 15 de diciembre se lleva a cabo en todo el país la solicitud de firmas para determinar si es procedente consultar si el presidente de México debe continuar en el cargo o se revoca su mandato.
En la recolección de firmas participan 23 mil personas registradas a nivel nacional. Todas cuentan con la aplicación para registrar las firmas. De ellas 3 mil 772 corresponden al Estado de México, la entidad con más electores de todo el país.
El INE sólo tiene identificados a quienes llevan la aplicación; a las organizaciones les corresponde tener el control de las personas que hagan el proceso de manera impresa para que den garantías a la gente de su identidad.
Para que se lleve a cabo la consulta se necesita al menos 3 por ciento de firmas de las personas inscritas en la lista nominal, es decir, que cerca de 3 millones de electores lo solicite y se cumpla el mismo porcentaje en por lo menos 17 entidades del país.
Para ser una de esas 17 entidades, el Estado de México debe aportar al menos 369 mil firmas, ya que tiene 12.3 millones de personas mayores de 18 años inscritas hasta el momento.
El vocal puntualizó que ningún partido puede llevar a cabo la recolección de firmas. Para eso se acreditaron como promoventes diferentes organizaciones sociales que cumplieron los requisitos estipulados.
El procedimiento
Por decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la colecta de firmas no sólo se llevará a cabo por medio de la Aplicación, sino también de manera impresa.
El INE conocerá el cúmulo de apoyos para la consulta hasta el 15 de diciembre, cuando las presenten las organizaciones ciudadanas. Las que sea por medio de la aplicación de manera automática se conocerá su veracidad, pero en las firmas en papel tendrán que hacer una revisión más exhaustiva para evitar documentos falsos.
El vocal, Joaquín Rubio, recordó que en otras ocasiones este tipo de apoyos ha mostrado muchas inconsistencias, por lo cual se tiene que hacer una revisión más cuidadosa para garantizar que todo esté en orden.
“Tenemos hasta 30 días para poder verificar las firmas, con la APP es rápido, pero no con las firmas a mano, nos vamos a llevar mucho más tiempo, tenemos que verificar que no nos vayan a meter un gol y sea todo válido”, expuso.
Aunque este tema les mete presión por el tiempo, harán todo lo que está en sus manos para hacer la revisión de las firmas en los días que marca la ley y determinarán si es viable o no llevar a cabo la primera consulta de revocación de mandato en la historia mexicana.
De ser viable, la fecha tentativa es el 27 de marzo. No se puede posponer para no empalmar este ejercicio con los procesos electorales, ya que en 20 entidades hay elecciones en junio del siguiente año.
¿Cómo sería la consulta?
A diferencia de los procesos electorales, en este caso sólo los órganos electorales pueden promover la participación ciudadana, la cual deberá ser de forma objetiva, imparcial y sólo con fines informativos.
La ley impide la posibilidad de contratar espacios en radio o televisión para influir en la opinión ciudadana o alentar desde la esfera gubernamental el proceso. En este caso no habría candidatos ni propuestas.
La pregunta será si desean que el presidente continúe en su cargo o no. Para que el resultado de esa consulta sea vinculatorio, es decir, tenga efectos legales, deben participar al menos 40 por ciento de las personas inscritas en la lista nominal, es decir más de 38 millones.
La elección sería muy similar a una constitucional, con igual número de casillas. En el Estado de México se contempla instalar más de 20 mil, ya que es una por cada 750 ciudadanos y ciudadanas. Al frente estarán sólo cuatro, en lugar de los seis funcionarios propietarios que estuvieron el pasado 6 de junio.
El INE debe llevar a cabo la insaculación para elegir a esos funcionarios, se les debe notificar y quienes acepten serán capacitados para cumplir con la misión de recibir y contar los votos.
En el Estado de México se instala el Consejo General el 30 de noviembre y se toma protesta a los integrantes de los 41 Consejos distritales; se revisará la ubicación de las casillas, así como todo lo necesario para que el electorado pueda participar de manera libre y opine si quiere que el presidente Andrés Manuel López Obrador siga en el cargo o no.
Si no se logra la participación de al menos 40 por ciento de los electores, no se tomarán en cuenta los resultados de la consulta, sean cuales sean.
La declaración
“El primer paso es que se junten las casi 3 millones de firmas, luego la preparación de la elección, aunque ya empezamos con la organización y aún no sabemos si se lleva a cabo o no. Sigue la instalación de los consejos distritales.
“Estamos preparados para ello, es algo nuevo; en un año llevamos una elección, una consulta y una revocación. Sacaremos adelante el trabajo, con la misma calidad que en una elección constitucional”, aseveró el vocal de la Junta local, Joaquín Rubio.
KVS