El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional pidió actualizar la Ley para Prevenir y Atender el Acoso Escolar en el Estado de México, con el fin de considerar el maltrato psicológico, físico o verbal que se lleve a cabo a través de cualquier red social, aplicación o plataforma electrónico, obligando a quien genere violencia a reparar el daño moral y, en su caso, indemnizar por afectaciones y perjuicios.
Por su parte, la ex secretaria del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM), Trinidad Franco Arpero, levantó la voz en favor de magisterio, al indicar que no deben ser los primeros señalados, menos cuando tienen una fuerte carga administrativa con 40 o hasta 70 alumnos y ya no tienen derecho de ejercer una política de corrección
Quien trate de llamar la atención a algún alumno, aún viendo algún tipo de violencia, es llamado y sancionado. Los maestros, agregó, no tienen derecho a levantar un acta por estos hechos porque los derechos humanos no les permiten denunciar este tipo de hechos anticipadamente.
“Cuando el maestro habla con el padre lo amenaza, lo golpea; hay demasiadas actitudes permisivas, si en la familia no le ponemos límites, no le pidamos al maestro hacer lo que no le toca, a ellos les corresponde enseñar; la descomposición social viene de casa y hoy en día el maestro es víctima de bullying por parte de la autoridad que cada día le carga más la mano” señaló.
Envían iniciativa a análisis y comisiones
En tanto, la iniciativa de ley presentada por la diputada Paola Jiménez Hernández, busca reformar varios artículos de esta ley para atender el maltrato y abuso entre estudiantes de una misma institución educativa o pares escolares, por las graves consecuencias que esto genera, desde el bloqueo social hasta la muerte, como en el caso de la estudiante de Teotihuacán.
Las cifras que existe indican que en 29.4 por ciento de los casos la violencia se traduce en bloqueo social, en 20.9 por ciento hostigamiento, 19.9 por ciento manipulación, 17.4 por ciento coacciones, 16 por ciento exclusión social, 14.2 por ciento intimidación, 12.8 por ciento agresiones, 9.39 por ciento amenazas, además del ciberacoso.
Por ello propuso establecer que el protocolo de actuación debe ser revisado y actualizado anualmente; mientras, la encuesta debe ser semestral; reconociéndose el acoso por las redes sociales, pide se informe cada tres meses de los casos y acciones tomadas, con el fin de prevenir que los casos continúen.
El acoso escolar, consideró, es cada vez más frecuente en los centros educativos y los niños, niñas y adolescentes no suelen comentar dichos actos a sus progenitores de forma inmediata; tardan mucho en decirlo o de plano no lo comentan, aunque llegan a presentar trastornos por estrés postraumático, ansiedad, depresión y problemas de ánimo.
Para evitar que estas conductas se produzcan, se deben trabajar factores individuales, familiares y socioculturales, donde la primera prevención es responsabilidad de los padres y madres, de la sociedad en conjunto y de los medios de comunicación, así como dentro de las instituciones escolares.
Un dato
En 2018, la 59 Legislatura del Estado de México aprobó la Ley para Prevenir y Atender el Acoso Escolar en el Estado de México para favorecer una vida libre de acoso escolar promoviendo su convivencia pacífica.
JGM